La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una condena de tres años de prisión para un vecino de El Ejido acusado de intentar violar a su cuñada en la pedanía de Las Norias de Daza. El suceso data del mes de julio de 2006. El acusado coincidió con su cuñada en un establecimiento de la localidad y le propuso desplazarse hasta Balanegra para “tomar algún refresco”.
Según la sentencia, la agresión se produjo durante el regreso a Las Norias de Daza. “Cuando se marcharon de este segundo local, el acusado (...) dirigió el vehículo hacia un solitario descampado pese a las advertencias de la víctima de que se estaba equivocando de camino”.
El turismo se paró en bajo un puente. El tribunal considera probado que el acusado amenazó a la mujer y, “con claro ánimo libidinoso de satisfacer su apetito sexual”, aseguró que “iban a hacer algo por las buenas o por las malas”. Entonces, “la despojó de su vestimenta y ropa interior y le tapó la boca para acallar los gritos que aquella profería”.
El tribunal describe en la sentencia el intento de violación. Solo la fuerte resistencia de la víctima impidió la consumación. “Le propinó varias bofetadas, se tapó sus genitales con la mano izquierda y golpeó con el pie la luna delantera del turismo, que fracturó”.
Como consecuencia del forcejeo, la mujer padeció diversas lesiones en el brazo, el glúteo y la cara. Además, las secuelas por el estrés postraumático requirieron asistencia especializada y varios meses de tratamiento farmacológico.
Pruebas de cargo
El tribunal consideró prueba de cargo el testimonio de la víctima, un elemento siempre complejo cuando los hechos denunciados se producen sin testigos directos. La Audiencia Provincial de Almería (y ahora el Tribunal Supremo) resaltan que las declaraciones de la afectadaen la Guardia Civil, la instrucción y el juicio “eran idénticas, persistentes y sin contradicción alguna”.
La denuncia se apuntan, según los jueces, con “corroboraciones periféricas” de la veracidad. A saber, los testimonios de la hermana de la víctima, los médicos que la atendieron y la perito forense. Esta última ratificó que la mujer “sufrió estrés postraumático motivado por la vivencia con terror de un acontecimiento estresante que ha afectado a su integridad psíquica pues ha precisado tratamiento médico consistente en psicofármacos, antidepresivos y ansiolíticos”.
El acusado tendrá que cumplir cuatro años de alejamiento y pagar 20.000 euros de indemnización.
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