Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres captadas en redes

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en El Ejido una organización, compuesta por tres hombres y dos mujeres, dedicada a la explotación sexual de mujeres. Los detenidos contactaban con jóvenes de Rusia y Ucrania a través de las redes sociales y eran engañadas para que vinieran a España con falsas promesas de trabajo en establecimientos de hostelería.

El grupo organizaba todo el viaje y, una vez en nuestro país, informaba a las víctimas que tenían que ejercer la prostitución y saldar una deuda contraída por un valor de 3.000 euros.

En el marco de esta operación han sido liberadas dos mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por los miembros de este grupo.

Chicas jóvenes, con visado de turista
La investigación comenzó hace aproximadamente un año. Los agentes detectaron un local de ocio ubicado en El Ejido que era gestionado por un grupo de personas que ya habían sido arrestadas por su vinculación con varios grupos dedicados a la trata de mujeres en el año 2014, en el marco de la investigación denominada 'operación búho'.

Posteriores gestiones permitieron a los investigadores averiguar que en el nuevo establecimiento había varias mujeres ejerciendo la prostitución y todas presentaban un perfil idéntico: eran jóvenes, procedentes de Rusia o Ucrania y con visados de turista con una duración de tres meses de estancia. La investigación se impulsó cuando los agentes localizaron a dos víctimas de trata de seres humanos, consiguiendo su liberación además de ofrecerles todos los recursos y medidas de protección pertinentes.

A continuación se pudo determinar que la captación de las jóvenes se había realizado a través de varias redes sociales rusas utilizadas para publicar ofertas de empleo falsas. Los anuncios publicitaban que podrían compaginar unas vacaciones en España o en otros países turísticos con trabajos en negocios dedicados a la hostelería, ofreciéndolas con esta publicidad engañosa trabajo y diversión a la vez.

Sistema de multas para controlar a las mujeres
Además de ofrecer un empleo con un contrato de tres meses de duración, la organización tramitaba la obtención de visados y billetes del viaje. Una vez en territorio nacional, las víctimas eran informadas de que habían contraído una deuda de 3.000 euros que saldarían en sus primeros días de trabajo y que tendrían que ejercer la prostitución en un local de alterne ubicado en El Ejido.

Seguidamente eran alojadas en pisos por grupos de seis o siete mujeres, siendo controlados sus movimientos en todo momento por miembros del grupo criminal, quienes no dudaban en amenazarlas o intimidarlas si no hacían lo que se les pedía. Para tenerlas totalmente controladas, los detenidos implantaron un sistema de multas por diversos motivos para que la deuda contraída nunca terminara de saldarse y pasaban lista a diario para vigilar si estaban en los pisos. Los traslados del club a las viviendas se realizaban siempre en taxi para evitar que tuvieran algún contacto con terceras personas.

Blanqueaban las ganancias mediante un testaferro
Los líderes del grupo evitaban figurar como propietarios de sus negocios y propiedades y contaban con un testaferro para blanquear las ganancias y para que constaran a su nombre las viviendas, vehículos y la mercantil que explotaba el prostíbulo. También se comprobó que otro de los sujetos investigados tenía una reclamación judicial en vigor por un quebrantamiento de condena.

Finalmente, una vez identificados todos los integrantes del grupo criminal se procedió a la detención de sus cinco componentes como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y blanqueo de capitales.

Paralelamente se realizaron cinco registros en domicilios y en el local de alterne, interviniendo documentación acreditativa de los hechos delictivos, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, dos vehículos de alta gama y se procedió al bloqueo de todo el patrimonio, precintándose las propiedades y bloqueando las cuentas bancarias valorando todo en unos 750.000 euros.