Ya empieza a vislumbrarse el camino que va a tomar el Gobierno central a la hora de tratar de atajar el grave problema surgido en el Poniente almeriense a raíz de los tornados del pasado sábado 6 de enero.
Y es que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha dado a conocer la iniciativa parlamentaria que van a presentar en la Cámara para estudiar e impulsar distintas medidas que vengan a paliar las pérdidas sufridas por los agricultores afectados.
En este sentido, cabe destacar que Hernando ha detallado que se trata de “agilizar el pago de los seguros, analizar la posibilidad de hacer una declaración específica para catástrofes naturales, según la Ley de 2015, así como estudiar la aplicación de una reducción en los módulos del IRPF a aquellos agricultores afectados y los aplazamientos de los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Sociales para aliviar las cargas fiscales que tienen que soportar los productores agrícolas”.
Por tanto, se trata de propuestas concretas que irían incluidas en una Proposición no de Ley que en su exposición de motivos recoge que “la zona afectada, a falta de la cuantificación exacta y definitiva de los daños, ronda las 200 hectáreas de cultivo en las áreas rurales de Balerma, Matagorda, Guardias Viejas, El Ejido, Santa María del Águila y El Alquián, y los daños podrían superar los 40 millones de euros”.
Compromiso El anuncio era realizado por Hernando durante una visita a la zona afectada junto al diputado nacional Juanjo Matarí; el alcalde, Francisco Góngora; la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, y el presidente de la Diputación y del PP Almería Gabriel Amat. Una visita en la que Hernando ha insistido en que “el Gobierno de España va a contribuir no sólo con palabras sino con hechos”.
Por su parte, El presidente provincial del PP, Gabriel Amat, ha mostrado su apoyo a esos agricultores que “lo único que saben es trabajar duro y cultivar hortalizas para venderlas en los mercados y que, con esta catástrofe, dan por 'rota' y perdida la campaña”. De ahí que, entienda que todas las administraciones deban “echar una mano y ayudar a todos los productores que lo están pasando mal”.
Acuerdo El que también sigue manos a la obra es el Ayuntamiento de El Ejido, que ayer acogió una reunión con representantes de las organizaciones ASAJA, COAG y UPA Almería.
Y hay que destacar que, durante la misma, el alcalde anunció que el Consistorio va a bonificar al 100% el IBI rústico a aquellos agricultores que han sufrido pérdidas o daños en sus fincas y que se está estudiando estudiando bonificar también los gastos de licencia para reconstruir los invernaderos dañados.
La Mojonera y Adra Aunque el epicentro de los daños y de las visitas institucionales se encuentra en el municipio de El Ejido, también hay otros puntos que se vieron afectados por el temporal del 6 de enero.
Y eso es lo que ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, quien recuerda que en su municipio “en algunos invernaderos el viento ha tirado el plástico y en otros incluso han sido derribados enteros y arrastrados a otros invernaderos colindantes”.
Por este motivo, y según indica en nota de prensa, “ante el temor de que las ayudas que se están anunciando queden únicamente restringidas a los agricultores de El Ejido, desde La Mojonera se reclama ese mismo apoyo para sus agricultores”.
Según las primeras estimaciones realizadas, son unas 40 las hectáreas dañadas por el temporal de viento en el caso de este municipio, lo que supone unos daños de alrededor de 10 millones de euros que se concentran especialmente en la zona del Paraje Los Cortijillos y Las Cuatro Puertas.
Por su parte, desde Adra, el grupo socialista también ha reclamado atención para sus agricultores que vieron como el viento causaba estragos en sus explotaciones, sobre todo, en la zona de la Albufera.
En este sentido, hay que reseñar que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha registrado una moción con el fin de que el Consistorio apruebe una serie de ayudas a los agricultores damnificados que, según su portavoz, Teresa Piqueras, deberían ser “eximir a los agricultores afectados del IBI rústico y de cualquier tipo de tributo municipal que pueda surgir a la hora de rehacer o reparar su explotación agrícola, como la tasa de licencia para instalar un invernadero”.
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