Nuevo revés judicial para el actual alcalde independiente de Partaloa, Antonio Peñuela. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha denegado la suspensión de la condena contra el primer edil de este pueblo del Almanzora después de que éste pidiese amparo a la mencionada Institución judicial.
Cabe recordar que Antonio Peñuela fue condenado en abril de 2017 a siete años de inhabilitación por la Audiencia Provincial tras encontrarlo culpable de un delito de prevaricación administrativa, que se produjo en 2011 durante su etapa de concejal. Pese a que, según el auto del TC la representación de Peñuela defendió “su condición de alcalde” así como que “no ha tenido con anterioridad problemas con la justicia” y que “existe riesgo de pérdida de su condición de cargo público”, el TC recuerda que al “valorar la presencia de una perturbación grave para los intereses generales” hay que tener en cuenta que los hechos “derivan del ejercicio de funciones públicas, susceptibles de socavar, por tanto, la confianza de los ciudadano se en los funcionarios precisamente encargados de velar por su seguridad y libertad”. “No otra cosa cabe decir respecto de los cargos representativos”, añade más adelante.
Denuncia de la Fiscalía
Por otro lado, la Fiscalía Provincial ha denunciado al todavía primer edil de Partaloa tras los hechos expuestos por la oposición en sus diferentes escritos acusatorios. Según el documento del Ministerio Público “los hechos que se denuncian -dice en referencia a la oposición- son que el alcalde no ha cesado en sus funciones a pesar de haber sido condenado en sentencia firme por un delito de prevaricación, además de haber destituido a los secretarios-interventores designados por la Diputación Provincial; haber falsificado firmas de vecinos de la localidad para la petición de indulto y no celebrar plenos municipales desde hace seis meses”.
Una vez examinada la denuncia de la oposición, la Fiscalía ha considerado que los hechos pueden ser constitutivos de varios delitos por lo que ha procedido a interponer una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Huércal-Overa, siguiendo su obligación de “practicar las diligencias que estime pertinentes” antes hechos aparentemente delictivos.
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