“No vamos a dejar que el problema con nuestra casa nos mate”

Aquel 25 de diciembre de 2009, el día de Navidad no trajo regalos ni mucho menos felicidad a la casa del matrimonio Payne. Más bien todo lo contrario. Esta pareja de ingleses formada por Noel y Christine Payne (de 76 y 73 años respectivamente) no podía ni imaginar el vuelco que su vida daría a partir de ese día.

Mientras que en las casas de alrededor se desenvolvía el papel de regalo y se sucedían las copiosas comidas familiares, la casa de los Payne situada en el paraje de Los Guillenes (Albox) recibía la visita de un policía que les comunicó la noticia. Su casa era ilegal y se encontraba en un proceso judicial que iba a terminar con la petición de demolición.

Inicio la pesadilla

“Compramos la casa en el año 2001. Antes fuimos al Ayuntamiento para preguntar por un permiso de construcción y nos dijeron que sí, que no habría problema”, relata el matrimonio casi al unísono en el interior de su vivienda para la que la Junta de Andalucía ha pedido al Consistorio su demolición.

No sólo disponen de la licencia municipal de obras. Muestran también la licencia de primera ocupación firmada en 2003 por el entonces alcalde Francisco Granero y “de conformidad” con la Ley Urbanística de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Documentos que se quedaron en papel mojado tras una modificación de la LOUA en la que se cambió el criterio sobre las construcciones en suelo rústico.

Nada ha impedido que este hecho termine con una sentencia judicial pidiendo que la casa quede reducida a ruinas y con la solicitud de la Administración autonómica para cumplirla. Ahora, el Ayuntamiento ha informado a la Junta de que tras las últimas modificaciones de las normas urbanísticas la casa es urbanizable al poder optar a una licencia de AFO (asimilada fuera de ordenación) y regularizar su situación. Nada ha cambiado.

Pero la Junta asegura que no son compradores de buena fe. Algo que llama poderosamente la atención ya que el matrimonio contaba con las licencias necesarias y nunca ocultó nada.  Otras casas cercanas, en cambio, no dejaron constancia de su situación y hoy se han regularizado. En este caso, quienes lo han intentado de forma legal, son quienes pueden terminar pagando el pato del caos urbanístico de la pasada década. Cabe recordar que las últimas modificaciones legislativas obligan a indemnizar a este tipo de compradores en caso de demolición.

Siempre legales

“Siempre hemos querido ser legales pero sin licencia no habríamos tenido ningún problema. Miramos todo, comprobamos las licencias y permisos... Nos equivocamos. No tiene sentido”, lamenta Christine.

De hecho, viviendas vecinas que se levantaron sin licencia no han pasado por un proceso judicial ya que Medio Ambiente no tenía constancia de su existencia. El matrimonio está acompañado en la mesa por la presidenta de la asociación de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora-No, Maura Hillen y por el asesor legal de este colectivo, Gerardo Vázquez.

“No puedo entender la posición de la Junta. ¿De qué manera una demolición puede ayudar? ¿Qué mensaje lanzaría al mundo? Produciría un daño humano y económico terrible a esta zona”, entiende la presidenta de AUAN.

Derribos anteriores

El letrado recuerda derribos anteriores como los sucedidos en Cantoria en 2014 para ilustrar lo inútil de este tipo de decisiones de cara a la recuperación medioambiental. “Derribaron las casas y no se ha recuperado la zona; no ha habido recuperación del medio ambiente”. Los dos septuagenarios de origen inglés coinciden al señalar con una palabra lanzada al instante y al unísono cómo ha sido su vida desde aquel 25 de diciembre de 2009. “Terrible”, responden de inmediato.

A la angustia de si algún día cercano su casa se convertirá en un puñado de escombros, se le suma su imposibilidad económica para regresar a su tierra natal. “Si tuviésemos dinero habríamos vuelto. Desde 2009 este problema está en nuestra mente todo el tiempo. Nos ha afectado con problemas de salud como la presión alta”, cuenta Christine; Noel continúa. “Nos despertamos a las cuatro de la mañana y ya nos quedamos pensando. No podemos dormir más. “La familia nos pide regresar”, confiesa la mujer, Christine, que incluso tiene ganas de sonreír cuando nombra a su bisnieto. En el caso de que se diera un giro inesperado de los acontecimientos y la vivienda se salvase finalmente, les gustaría vender la casa y regresar a Inglaterra, aunque confiesan que “nos encanta vivir aquí y la gente es maravillosa” por lo que quizás “tardaríamos un tiempo en venderla”, sin llegar a descartar la posibilidad de quedarse en esa misma vivienda que ahora nos les deja ni dormir.

Similar a los Prior

La paradoja va más allá de los problemas por seguir los cauces legales. Noel y Christine han pertenecido a AUAN incluso antes de conocer que su casa peligraba. Llegaron a participar activamente en las reivindicaciones sobre el matrimonio Prior cuya casa fue demolida en Vera en 2008. Un caso similar al de los Payne, ya que los Prior también contaban con una licencia.

“Es una situación muy difícil. Sabemos que ha muerto gente en una situación similar a la nuestra por el estrés. Pero nosotros no vamos a dejar que esto nos mate”, zanja Christine con convencimiento en sus palabras. “No entendemos el informe de la Junta. No hacemos daño a nadie”, subrayan. Sin embargo “los ayuntamientos entienden los daños”, defiende Vázquez al hablar del intento del Consistorio para regularizar la casa. La sociedad, desde hace años, también es consciente del problema. Una vez más, las leyes y quienes las legislan, parecen ir por detrás.