Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional que requiera al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) “bajo los apercibimientos legales oportunos” para que aporte realmente copia certificada del informe que aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares, ya que estima que el regulador atómico está “ocultando” información.
El colectivo conservacionista remarca que el documento aportado a la causa que se sigue para obligar a que se ejecute el Plan de Rehabilitación aprobado para la zona en 2010 está “sin firmar, sin portada y sin fecha” y “no es el admitido como prueba por la sala”.
Documento sin autor
El recurso elevado a la Audiencia Nacional indica que el documento enviado por el CSN es “un resumen” del solicitado “donde obviamente se recogen exclusivamente las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda”. “Se ocultan los motivos por los cuales se han modificado por el CSN los criterios radiológicos aprobados favorablemente por el CSN en su sesión celebrada el 5 de mayo de 2010. Dicho documento, de autor anónimo, ha sido elaborado presuntamente con el único objeto de ser aportado a la presente causa”, reprocha Ecologistas en Acción.
En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU, si bien no precisa en cuánto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.
Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de 1966, tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.
No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado en el citado pleno, tal y como le requirió la Audiencia Nacional, sino un anexo. El CSN se acoge al secreto oficial.
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