La oposición consigue retrasar los presupuestos

Como estaba previsto, finalmente los concejales de la oposición han conseguido rechazar la aprobación definitiva del presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Turre. Con los votos del Partido Popular y la concejal no adscrita María Luisa Cervantes (ex Somos Turre), el Pleno rechazó la desestimación de las alegaciones presentadas por el PP, por lo que las cuentas que se aprobaron inicialmente el 3 de mayo han sido rechazadas.

La alcaldesa de Turre, la socialista María Isabel López, considera “lamentable” que el Partido Popular haya presentado alegaciones “solo con el objetivo de que no se aprueben los presupuestos, ya que no quieren que se haga nada en el municipio”. Además, considera que con su actitud están impidiendo “que el pueblo avance”.

Cuestión de confianza

En la práctica, esto solo supone un retraso en la entrada en vigor del presupuesto, ya que el equipo de gobierno cuenta con los mecanismos legales para sacar adelante las cuentas, a pesar de encontrarse en minoría.

Para ello, en los próximos días deben convocar un pleno en el que plantee una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos. Para ello la alcaldesa tiene de plazo hasta el 12 de junio, ya que a partir de entonces solo quedará un año de mandato y el Artículo 197 bis de la Ley del Régimen Electoral General estipula que “no se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación”.

El Pleno deberá votar la cuestión de confianza. Si tiene mayoría a favor, quedarían aprobados definitivamente los presupuestos anuales. Si la alcaldesa no recibe el respaldo de la mayoría, en este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobadas las cuentas de 2018 si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera. La moción no es viable, ya que la oposición no cuenta con la mayoría ni para poder presentarla, ya que la edil María Luisa Cervantes ha dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato, por lo que la Ley Antitransfuguismo exige una mayoría de dos votos, en este caso.

Al ser imposible presentar una moción de censura contra la alcaldesa, el presupuesto de 2018 quedará aprobado definitivamente un mes después, ya adentrados en julio, lo que conlleva el retraso  del inicio de cualquier inversión.