Piden paralizar la explanación de 260 hectáreas para regadío en Níjar

Una superficie de más de 260 hectáreas de una finca situada en el paraje conocido como El Cambronero, en Níjar, está siendo explanada, unos trabajos que, según la denuncia del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), pretende reconvertir el terreno para uso agrícola de regadío.

Además, “según la información recabada, no dispone de los correspondientes permisos o licencias”, por lo que el GEM ha remitido escritos al Ayuntamiento de Níjar, a las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Comunidad de Usuarios del Agua del Campo de Níjar en los que pide una actuación inmediata que paralice los trabajos.

“Tras recibir información de vecinos de la zona, consultar con varios colectivos de agricultores y regantes, y constatar personalmente la realización de intensos trabajos de explanación en la zona, donde se está utilizando maquinaria pesada para unas obras de explanación de grandes dimensiones”, el GEM ha consultado con las administraciones públicas correspondientes que señalan que “no hay licencias concedidas para semejante desmonte, que además se está realizando en pleno mes de agosto y a marchas forzadas, en lo que consideramos un intento de aprovechar la política de hechos consumados en actuaciones como mínimo sospechosas de intentar soslayar las normativas territoriales y ambientales aplicables”.

Cambio de usos

Pero los ecologistas, ante lo que consideran “indefinición de las administraciones”, sospechan que el objetivo de estos movimientos de tierras es el de “realizar un cambio en los usos del suelo de secano a regadío en intensivo a través de una parcelación que posteriormente será destinada a la venta o alquiler de fincas”.

Sin embargo, y según la legislación vigente en materia de urbanismo y medio ambiente, todo movimiento de tierras precisa la oportuna licencia y una autorización ambiental por parte de la administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Níjar y las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, recuerda el GEM.

Además, dadas las dimensiones de la finca en la que se están produciendo estos hechos, la actuación requiere un estudio de impacto ambiental, “estudio que se estaría soslayando por parte de los promotores, segregando las parcelas de forma que cada una de ellas no alcance la superficie que haría necesaria la realización de esos estudios de impacto (algo que ya se ha hecho, y con la complacencia de la Junta, en otras explotaciones en la zona de Tabernas)”, advierte el GEM.

Falta de agua

En cualquier caso, una nueva actividad agrícola debe tener garantizada la aportación de suficientes recursos hídricos. “Los acuíferos de Sierra de Gata y Campos de Níjar se encuentran en estos momentos totalmente sobreexplotados, no pudiéndose autorizar nuevos aprovechamientos de aguas, excepto que tengan otros derechos en materia de aguas privadas que deberán estar en el Registro de Aguas Privadas de Andalucía”, explican los ecologistas.

En su opinión, todo indica que “se busca establecer nuevos regadíos con el agua procedente de la desaladora de Carboneras, gestionada por la Comunidad de Usuarios del Campo de Níjar”. No obstante, el GEM recuerda que esto incumpliría la finalidad primera de estos recursos:  paliar los déficits hídricos existentes en la comarca. “Nuevos regadíos suponen incremento de la demanda de unos recursos escasos y limitados y romperían el precario equilibrio y amenazando la continuidad de gran parte del sector hortofrutícola”.

El grupo ecologista ha pedido a todas las administraciones implicadas información detallada sobre las actuaciones, las licencias concedidas o sin conceder y las peticiones de cambios de usos del suelo que se hayan realizado. “Exigimos a las administraciones que se inspeccionen todos los movimientos de tierras, nuevas parcelaciones, nuevas concesiones de agua, y se apliquen con rigor las normas existentes. Lo contrario será un ejercicio de irresponsabilidad por parte de quienes tienen la obligación de velar por la situación de los recursos hídricos”.

A la zona que se está explanando le afectan varias normativas ambientales, desde la de Montes Públicos ‘Marinas y Serratas’, la Ley de Montes de Andalucía, o la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.