La pasada semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Una iniciativa que, a nivel andaluz, mejorará las condiciones de vida de un millón de personas residentes en las 99 zonas desfavorecidas en las que intervendrá, correspondientes a 65 municipios de la comunidad.
Un plan que, en el caso de Almería, impulsará actuaciones en 11 zonas desfavorecidas de la provincia para mejorar la calidad la vida de sus habitantes. Razón por la que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales convocó hace apenas dos meses la primera línea de ayudas de esta Estrategia (dirigidas a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación Provincial); lo que supondrá una inversión de más de 13 millones de euros para la provincia de Almería (del total andaluz de 169,5 millones) en el periodo de 2018 a 2021.
En Almería
Con un importe total de 13.078.901 euros destinados a la provincia de Almería, “estas ayudas están destinadas a los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar, así como a la Diputación Provincial, para actuaciones en el municipio de La Mojonera”, apuntaba el delegado territorial de Igualdad y Políticas Sociales, José María Martín, al informar sobre los planes y criterios de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.
De este modo, en esta primera fase de las ayudas que tendrá lugar este año, y que se realizará a través de dos convocatorias; la primera asignación se dirigirá a las entidades locales con el fin de reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención; y la segunda se destinará a entidades privadas sin ánimo de lucro.
Así, tal y como detallaba el delegado territorial de Igualdad y Políticas Sociales, “la estrategia de la Consejería contempla 6.627.472 euros para el Ayuntamiento de Almería; 2.405.392 para el de El Ejido; 1.048.762 para el de Níjar; 1.262.904 para Roquetas de Mar; 1.006.124 euros para el Ayuntamiento de Vícar; y 728.244 euros para que la Diputación Provincial trabaje en el municipio de La Mojonera”.
Una distribución que, por anualidades, en 2018 contempla destinar en la provincia 2,8 millones de euros. Cifra que el próximo 2019 ascenderá a 2,3 millones y en el periodo comprendido entre 2020 y 2021 los ayuntamientos y la Diputación dispondrán de 3,4 millones de euros. “Estos fondos permitirán actuar en 11 zonas desfavorecidas contribuyendo a mejorar la calidad de vida más de 90.000 personas”, subraya el delegado.
Destacar que, en concreto, las zonas desfavorecidas contempladas en la provincia para ser beneficiarias de estas subvenciones andaluzas son: Araceli-Piedras Redonas-Los Almendros, El Puche, La Fuentecica-Quemadero y Pescadería-La Chanca en la capital; Ejido Centro, Las Norias-San Agustín y Pampanico (100 Viviendas) en El Ejido; la Venta del Viso en La Mojonera; El Barranquete en Níjar; la zona de la Carretera de La Mojonera a Roquetas, en Roquetas de Mar; y La Gangosa-Vistasol en Vícar.
Actuación
En su mayor parte, estas zonas son entornos urbanos donde se registran situaciones graves de exclusión social, o con factores de riesgo de que se produzca. Por ello, “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta distintos indicadores”, apunta José María Martín, y su intervención se desarrollará a través de planes locales cuatrienales, promovidos por los ayuntamientos y por la Diputación.
En este sentido los planes de dicha Estrategia, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, “abarcan las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, especialmente las vinculadas a facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión”, destaca el delegado.
Planes, que han tenido que ser aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (y que contarán con una duración mínima de cuatro años), que han requerido la realización previa e inclusión de un diagnóstico de la zona, las medidas para alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
Así pues, entre las medidas concretas a realizar por parte de los consistorios locales y la Diputación destacarían las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; reforzar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales; y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
Por su parte, la intervención en las zonas designadas se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias.
Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes como son: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria.
Una Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, impulsada desde la Junta de Andalucía, en cuya elaboración han participado distintas administraciones como las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y, además, se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
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