Zurgena

La Corporación de Zurgena de 2003 a 2007, a juicio por viviendas ilegales

La Fiscalía señala al exalcalde, Cándido Trabalón, y al exedil de Urbanismo, M. Tijeras

Fachada del Ayuntamiento de Zurgena.
Fachada del Ayuntamiento de Zurgena. La Voz
La Voz
14:04 • 02 dic. 2018

El Juzgado de lo Penal 4 de Almería celebra hoy dos nuevos juicios contra la corporación municipal de Zurgena entre los años 2003 y 2007 por autorizar presuntamente viviendas sobre suelo no urbanizable. Ambos señalamientos llegan cuando el Tribunal Supremo (TS) aún no ha fallado el recurso de casación presentado contra la sentencia de la macrocausa ‘Costurero’ por corrupción urbanística y presentado por cinco de los procesados en estas causas; entre ellos el exalcalde, Cándido Trabalón, y el exedil de Urbanismo, Manuel Tijeras.




A ambos la Audiencia Provincial les condenó a 6 años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación, y a 2 años y medio de cárcel y a 14 años de inhabilitación, respectivamente, ya que, en el caso de Tijeras, no estimó acreditado que incurriera en delito de cohecho.




Nuevas causas
Una de las vistas orales enjuiciará delitos continuados de prevaricación y contra la ordenación del territorio, si bien las diligencias previas de las que deriva comenzaron en 2011 ante el Juzgado de Instrucción 2 de Huércal-Overa. Así, e escrito de calificación provisional de la Fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2007, los administradores de la promotora Tisán Sureste SL y un constructor promovieron, con licencia otorgada por el Ayuntamiento de Zurgena, 21 viviendas unifamiliares en el paraje ‘Los Menchones’ en suelo no urbanizable de carácter natural o rural y “teniendo conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no autorizable”.




Además, apunta que las licencias para las viviendas fueron aprobadas por la corporación local procesada en cuatro plenos en los que votaron a favor de la concesión de las citadas licencias “con previos informes jurídicos elaborados por la secretaria del ayuntamiento y los técnicos elaborados por dos arquitectos” contratados por el consistorio.




Por este motivo el Ministerio Público remarca que, tanto las autorizaciones como los informes fueron “emitidos a sabiendas de su injusticia, señalando y aplicando una normativa jurídica errónea a sabiendas” puesto que, añade, “todos ellos tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable de carácter natural o rural y lo hicieron con el fin de extender el suelo urbano ilícitamente”.

Trabalón y Tijeras, así como los exediles Emilia Jesús J.P., José Antonio R.M., Juan M.D., Aniceto L.M., Miguel M.R. y Josefa S.G. se enfrentan a 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. En la macrocausa ‘Costurero’ sólo los exconcejales del PSOE Miguel M.R., Jose Antonio R.M. y Juan M.D., fueron condenados a 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público de elección popular por delitos continuados de prevaricación mientras que el resto fueron absueltos. No obstante, ha recurrido en casación al igual que el exalcalde y el exedil de Urbanismo.




Para los dos técnicos municipales, Carlos Domingo B.F. y Francisco S.G., que en ‘Costurero’ admitieron los hechos que se les imputaban y aceptaron la pena interesada por el fiscal, solicita 2 años y 8 meses de prisión, respectivamente, e inhabilitación especial por periodo de 9 y 7 años. Para otro de los concejales, P.S.C., que solo participó en uno de los plenos enjuiciados, pide 8 meses de prisión e inhabilitación especial por periodo de 7 años.




Según consideró probado la Audiencia Provincial en la macrocausa ‘Costurero’, que enlaza con las distintas causas desgajadas por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, Trabalón y Tijeras concedieron entre 2003 y 2007 licencias irregulares para la construcción de más de 1.500 viviendas, lo que implica triplicar la población y la puesta en riesgo “el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente”, y lo hicieron a sabiendas que eran “claramente no ajustadas a la legalidad vigente en ese momento”.




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