Los acuerdos con EEUU sobre Palomares serán ‘secretos’

El Gobierno ha respondido, a raíz de una pregunta realizada el pasado mes de  julio por la diputada andaluza de Izquierda Unida Eva García Sempere, que “de acuerdo con la legislación vigente no puede revelar públicamente materias e informes clasificados propiedad de o elaborados por otro Estado” en relación a los últimos acuerdos alcanzados con la administración de Estados Unidos para rehabilitar la zona de Palomares contaminada tras el accidente de dos aeronaves norteamericanas en 1966.

Sigue siendo secreto
Según la respuesta, el Gobierno “tampoco puede violar la confidencialidad en las respectivas posiciones en negociaciones presentes o ya llevadas a cabo por España con un tercer país, en este caso concreto con los Estados Unidos de América”. Por eso Izquierda Unida destaca que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “da la razón a EEUU y no tiene ninguna intención de hacer públicos o de permitir el acceso a los distintos documentos e informes” que, tal y como reconoce el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), recogen los últimos acuerdos para hacerse cargo “de las ingentes toneladas de tierra contaminada a raíz del accidente en 1966 de dos aeronaves estadounidenses que dejaron caer cuatro bombas termonucleares que causaron una grave contaminación”.

A este respecto, en su “escueta respuesta de tan solo tres párrafos”, señalan desde Izquierda Unida, el Ejecutivo señala que “en cualquier caso, este tema se abordará en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno está elaborando y que se ha comprometido a presentar a lo largo del año próximo”. A juicio de García Sampere, “si en 1966 se utilizó Palomares en aras de la estabilidad política del dictador,  ahora ha servido como moneda de cambio en transacciones comerciales con el país causante”.

Indignación en la provincia
Por su parte, la Coordinadora de Izquierda Unida en la provincia, María Jesús Amate, aseguró ayer a La Voz de Almería que la respuesta del Gobierno “nos parece un fraude, porque 52 años después del accidente no entendemos que nos digan que la documentación es confidencial y que al plan de rehabilitación de 2010, al que se sumó Estados Unidos en 2015, no se puede tener acceso ni a saber los acuerdos a los que se llegó entre ambos países”. En opinión de Amate “no sabemos porqué debe estar esa información clasificada ya que afecta a la población” y es que las dudas en IU provienen por “la contestación y porque nosotros queremos saber hasta qué punto el plan cumple con el plan de descontaminación radioactiva si el Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno está elaborando recoge la limpieza de la zona y lo que se acordó con Estados Unidos hace años”. Amate asegura que su formación quiere que “se incluyan el máximo número de toneladas de tierra contaminada posible y que se traslade esa tierra contaminada a un lugar seguro”.

La Coordinadora provincial de IU también ha asegurado que su formación va a poner en marcha “una campaña de mociones” en los ayuntamientos y en la Diputación para poder “hacer presión  para que en ese Plan General de Residuos Radiactivos” que prepara el Gobierno para el año que viene sea una realidad.