El juez procesa a una banda acusada de clonar 500 tarjetas y estafar 460.000€

Tras las detenciones de los acusados realizadas por la Policía Nacional el pasado mes de mayo, e l Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha dictado auto de procedimiento abreviado contra seis personas acusadas por supuestos delitos de falsificación de tarjetas de crédito, blanqueo de capitales y organización criminal. Según  la “difícil” investigación policial, los acusados se habrían dedicado a clonar 500  tarjetas bancarias con las que habrían realizado operaciones fraudulentas por más de 460.000 euros.

Según el auto dictado el 17 de diciembre por el juez instructor Alfonso Peralta, se han observado indicios de criminalidad entre los detenidos, quienes “estarían implicados de forma concertada y coordinada en una trama que duró cerca de 10 meses en el año 2016” en la que se habrían hecho con tarjetas para su falsificación y realización de “cargos indebidos, no autorizados y fraudulentos” en tarjetas españolas y extranjeras, así como la ocultación y encubrimiento de las ganancias obtenidas de tales delitos.

De los indicios averiguados, se determina que supuestamente desde enero a octubre de 2016, los investigados, siendo responsables de alguna manera de diferentes locales como pubs, restaurantes, talleres, clubes de alterne u hostales de Vera, Mojácar, las pedanías de Villaricos y Palomares, ambas de Cuevas del almanzora, y Almería, habrían sido utilizados como ‘pasadores’, esto es, como los encargados de realizar cargos por elevadas cantidades a través de datáfonos en tarjetas de crédito falsificadas pertenecientes a decenas de entidades bancarias. Dicha operativa fraudulenta “habría supuesto hasta el 55% de la facturación” en los comercios.

El instructor apunta la existencia de un “posible plan criminal o concertación entre los acusados”, que se enfrentan a penas individuales de hasta 21 años de prisión, no sólo por la realización de cargos fraudulentos, sino también para el encubrimiento y ocultación del dinero ilícitamente obtenido.

En este sentido, destaca los pases continuos de las mismas tarjetas “en escasos minutos por los mismos importes en distintos comercios”, la utilización de la misma tarjeta “en el mismo momento o muy próximo de tarjetas previamente denegadas en otros”, además de las conexiones entre todos los investigados, bien a través de relaciones familiares, comerciales y mismo origen en algunos casos.

Según se desprende de la investigación efectuada a través de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Sección Medios de Pago, Grupo II, de la Udyco Central de la Policía Nacional, dichas operativas fraudulentas "podrían alcanzar una cifra de más de 460.000 euros", mientras que han sido confirmadas por como cantidades de tentativa de fraude "de cerca de 140.000 euros que habrían sido frustrados, de operativas intentadas y denegadas por las entidades bancarias”.

La trama que presuntamente orquestaron los investigados O.G.G, D.S.M, F.M.A, M.E.M.M, A.G.A y J.G.G. a través de las distintas sociedades se habría servido de más de 500 operativas de tarjetas de crédito pertenecientes a 50 entidades bancarias para detraer las cantidades defraudadas. Las entidades perjudicadas habrían tenido que asumir la devolución de dichas cantidades

Entre los bancos emisores afectados, 22 serían españoles o con sede o sucursal en España, y 28 extranjeros pertenecientes a 15 países: Estados Unidos, China, India, Australia, Hong Kong, Alemania, Suiza, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Francia, Austria, Canadá, Reino Unido y Puerto Rico.

La investigación indica que a través de un club de alterne se habría utilizado supuestamente los datáfonos de diferentes sociedades. Así, según se desprende de las pesquisas instruidas, el fallecido A.R.G., A.G.A. y J.G.G se habrían puesto en contacto con el resto de investigados, habrían pedido los TPV a cambio de pagos y comisiones, y habrían diseñado y organizado el entramado que se investiga.

En cuanto a las conexiones entre los investigados, el juez apunta a que en sus declaraciones han reconocido conocerse entre sí, de forma que incluso "algunos de ellos han reconocido los hechos".

Así, O.G.G., a través de sus restaurantes habría servido el catering o comidas al club de alterne y a las prostitutas así como a A.R.G. y a J.G. Este acusado reconoció que supuestamente le habrían pedido los datáfonos de sus restaurantes a cambio de un pago de 3.000 euros, llegando admitir que ingresó hasta 68.000 euros. Este tipo de prácticas se habría dado entre el resto de implicados.