El sindicato CSIF ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras de Roquetas de Mar, Urbaser, por vulnerar presuntamente el derecho a huelga de los más de 200 trabajadores de la plantilla.
En la denuncia sostiene que Urbaser "ha utilizado los servicios de otra empresa para minimizar los efectos de la huelga" en el municipio y aporta "tanto fotografías como vídeos, identificando a los operarios y las matrículas de los vehículos que están realizando el servicio".
CSIF ha asegurado que, desde el Ayuntamiento, ya se han mostrado "preocupados por el conflicto laboral" y que el alcalde, Gabriel Amat, se ha "comprometido" a reunirse con la empresa y "poner una solución como mucho en tres días" a esta problemática.
El sindicato ha señalado que los servicios mínimos ya tuvieron que ser fijados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación "por la falta de voluntad de la empresa" y ha indicado que la huelga tiene su origen en 2015, "cuando se bloquearon las negociaciones del nuevo convenio laboral de Urbaser, tanto por parte de la empresa como del propio ayuntamiento".
"Desde entonces la parte social no ha parado de intentar sentarse a dialogar sobre el nuevo acuerdo", han sostenido desde CSIF, que ha lamentado "la falta de interés por ambas partes" que ha llevado a que los trabajadores decidieran, en agosto de 2017, convocar manifestaciones y huelga que "finalmente concluyeron con la firma de un acuerdo entre el comité de huelga y los representantes municipales".
Este documento recoge el compromiso de iniciar las negociaciones en enero de 2018, la recuperación del poder adquisitivo y el mantenimiento de las jornadas pactadas en el acuerdo de 2017.
"Con todo, después de mantener varias reuniones durante 2018 y 2019, el comité de empresa considera que, la empresa con la posible complicidad del ayuntamiento, pretenden acabar con el bienestar social y económico de los trabajadores, negándose a materializar en el nuevo convenio el acuerdo firmado en 2017", ha criticado.
Según explican los trabajadores este hecho "supondría la bajada de salarios, la libre disposición de la empresa para modificar la jornada laboral y los horarios o la supresión de asuntos propios y de los domingos y festivos, entre otras medidas".
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