Caso piscina cubierta: el Pleno tenía razón

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería ha desestimado el recurso presentado por la empresa encargada de la gestión de la piscina cubierta contra la decisión adoptada por el Pleno de Huércal-Overa que puso fin a la concesión por “incumplimiento del contrato” y se quedó con los 300.000 euros de la fianza.

De esta forma, se da otro paso -aunque puede que no el definitivo, ya que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo- hacia el fin de un conflicto que comenzó en 2013, cuando la empresa comunicó al Ayuntamiento su decisión de renunciar a la concesión, que tenía desde 2006, porque se habían producido “diversas circunstancias que provocaron que la gestión de la piscina se hiciera insostenible”, culpando, además, al propio Consistorio de esta situación, según recoge el fallo del magistrado Miguel Pardo Castillo.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Huércal-Overa  comenzó el expediente de resolución del contrato, una decisión que contó con el apoyo del Consejo Consultivo de Andalucía, que consideró adecuada la decisión municipal.

Fue entonces, ya en marzo de 2014, cuando el Pleno aprobó la rescisión del contrato, así como quedarse con la garantía contractual de 294.000 euros, al considerar que el cierre de la piscina por parte de la empresa suponía el “abandonó y renuncia de forma unilateral del contrato firmado en su día”.

En cuanto a los motivos del cierre, la empresa alega “el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la obligación de protección al concesionario establecida en la cláusula 5 del Pliego, y mala fe al haber ofertado servicios en competencia directa con la sociedad, y denegar la implantación de determinadas medidas cuando sabía que supondrían una clara mejora de los resultados de la concesión”.

Frente a estos argumentos, el fallo del Contencioso-administrativo remite a la respuesta dada por el Consejo Consultivo: “Existe obligación de mantener el equilibrio económico, pero no de ayudar a una empresa que no ha sabido prever los gastos de explotación, mediante decisiones, por lo demás, que en muchos casos no podía en modo alguno adoptar (como crear la natación como materia obligatoria en los centros escolares)”.

Finalmente, el Ayuntamiento decidió asumir la gestión directa de las instalaciones y en mayo de 2014 la piscina municipal cubierta reabrió sus puertas. De momento, las arcas municipales se han librado de pagar ni un euro.