Piden 4 años de cárcel por vender el atún que intoxicó a más de 100 personas

La Fiscalía Provincial solicita penas que suman cuatro años de prisión y multas de 18.000 euros a los administradores de las dos empresas con sede en Vera que comercializaron en mayo de 2017 presuntamente atún contaminado con “altas dosis de histamina” y causaron la intoxicación de más de un centenar de personas en España y un “número indeterminado” de consumidores en Italia, Francia o Portugal.

A.J.G.L. y P.A.G.L. están acusados de presuntos delitos contra la salud pública y continuado de falsedad en documento mercantil. igual que dos trabajadores responsables de las plantas de elaboración y manipulado del atún, A.P.M. y S.B.S, que se enfrentan a penas que suman tres años y seis meses de cárcel, y dos multas de 9 meses a razón de 15 euros al día, según se recoge en el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Europa Press.

La Fiscalía indica que, como consecuencia de “una serie de omisiones y deficiencias” en la manipulación y envase del pescado, se intoxicaron, al menos, 109 personas en diferentes zonas del territorio español como Andalucía, Murcia, País Vasco, Alicante o Cataluña y en países como Italia, Francia o Portugal si bien “no constan datos de cuántas personas se vieron afectadas”.

Añade el fiscal que los cuatro procesados por el Juzgado de Instrucción 3 de Vera pusieron en el mercado “un atún con alta dosis de histamina”, lo que supuso un “peligro para la salud de los consumidores”, quienes sufrieron síntomas como “picor de garganta, dolor y sudor facial, náuseas y vómitos, cefaleas, eritema cutáneo y diarreas” por los que tuvieron que “recibir asistencia sanitaria”.

Según detalla el escrito de acusación, las dos empresas implicadas actuaban bajo la misma dirección y finalidad mercantil y se dedicaban a la comercialización de atún tras envasarlo en unas instalaciones comunes ubicadas en el paraje Cerro Alto del municipio de Vera.

Adquirían a diferentes proveedores “piezas enteras” de atún capturados en alta mar y, congeladas, estas llegaban a las plantas, donde, tras el troceado y el proceso de limpiado e “inyección de productos adecuados para su conservación”, eran envasadas al vacío en trozos de cinco kilos para su venta a distribuidoras para su comercialización al por menor.

Precisa que todos los trozos, con una fecha de consumo que “debía ser en los diez días posteriores a su envasado”, llevaban una etiqueta identificativa con la clave numérica del proveedor, el arte de pesca y otro datos como la zona geográfica de captura de atún.

En mayo de 2017, se produjeron una “serie de omisiones y deficiencias” en el proceso descrito, lo que dio lugar a que el producto “tuviera unas altas dosis de histamina, siendo comercializado de esta manera y consumido”, señala el fiscal.

Entre las principales deficiencias subraya la “falta de control de la temperatura” del atún “tanto congelado como refrigerado” con “fuertes fluctuaciones y ruptura de la cadena de frío”; o la “falta de higiene” en la extracción de los lomos. “Se trataban indistintamente las piezas enteras del atún eviscerado y sin eviscerar y sin limpiar la sierra entre ambas operaciones”.

Según la Fiscalía, esto llevó a la comercialización de lomos “con dosis de enterobacterias por encima de lo normal cuando eso es indicativo de altas dosis de histamina”. Tampoco tenían en cuenta la posible “contaminación cruzada” que se podía producir con “nitratos”, ya que usaban agua corriente, ni contaban las instalaciones con un sistema de autocontrol “actualizado”.

Los cuatro acusados habrían incurrido, asimismo, en un delito continuado de falsedad en documento mercantil ya que habrían “ideado y realizado” hasta 72 “espurios” documentos analíticos para ocultar supuestamente que no habían realizado análisis a determinadas partidas de atún para detectar parámetros “como salmonela, listeria, cadmio o histamina” o para, directamente, “suplantar los originales”.

El Ministerio Público asegura que, por un lado, elaboraron esos 72 documentos partiendo de originales y haciendo fotocopias en las que cambiaban “el apartado denominado ‘datos de muestra’ añadiendo los de otra partida, y que, por otro, exigían al laboratorio encargado de los “puntuales” análisis que sí se realizaban un segundo informe con “omisiones” cuando el primero “reflejaba un parámetro que salía por encima de lo normal”.

El escrito de calificación provisional también imputa a las dos empresas administradas por los acusados la presunta comisión de un delito contra la salud público y solicita la imposición de multas de dos años a razón de 30 euros al día, lo que supone 21.900 euros.