Análisis de suelo y agua subterránea por los vertidos de biodiesel de 2018

La Junta de Andalucía está elaborando un estudio para evaluar la existencia o no de contaminación a raíz de los vertidos de aguas oleosas detectados el pasado año en Carboneras y que procederían de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel ubicada el municipio.

El estudio es una caracterización “exploratoria” de la calidad ambiental del suelo y las aguas subterráneas asociadas en el perímetro de las instalaciones de la empresa FJ Sánchez Sucesores SAU para así “determinar la composición de los efluentes detectados” y la posible extensión “de la afección a otros terrenos”.

Así, de forma paralela ya se ha realizado un muestreo preliminar de los suelos y de las aguas subterráneas en los principales focos de posible afección existentes en las instalaciones de la planta desaladora de Carboneras para “tratar de identificar el posible origen de los mismos”.

Así lo ha trasladado la Junta a la jueza que instruye la causa penal abierta a raíz de vertidos que habrían afectado a los pluviales de desaladora.

Uno de ellos fue denunciado en abril de 2018 por el gerente de la empresa Acuamed, quien comunicó a la Guardia Civil que, de una de las paredes, “emanaba un residuo líquido viscoso de color negro” en “grandes cantidades”. El segundo vertido, en dos episodios con 72 horas de diferencia, ocurrió en octubre, con actuaciones de la  Guardia Civil ya que estos habrían llegado hasta el mar.

En un informe remitido a requerimiento del Juzgado de Instrucción 1 de Vera, consultado por Europa Press, la Junta señala que se ha decidido realizar el citado estudio con determinaciones analíticas “sobre muestras de suelos y aguas subterráneas” debido a los antecedentes ya que no se trataría de los primeros vertidos cuya investigación está judicializada y constan cuatro expedientes sancionadores contra la empresa denunciada.

Sobre posibles daños al dominio público hidráulico (DPH), los técnicos de Medio Ambiente indican en el informe que no se puede cuantificar el valor del “daño ocasionado” porque no existe estudio hidrogeológico que determine que el presunto vertido ha afectado al DPH, por lo que considera “necesaria” su elaboración para “determinar el origen de los mencionados vertidos y de la zona afectada por los mismos”.

Además, el infome señala que sería “necesario” pedir informe a la autoridad sanitaria para que determine si ha podido “poner en riesgo la salud de las personas” el vertido que se produjo en octubre de 2018 formado “teóricamente por aguas pluviales contaminadas procedentes de la planta de biodiésel y que se realiza a escasos 200 metros de la toma de agua que utiliza la planta desaladora para producir agua potable”.

Cabe recordar que otro juzgado veratense mantiene abiertas diligencias previas por un vertido de septiembre de 2015, por el que la Junta impuso a la propietaria de la planta una sanción de 603€, recurrida en alzada, con obligación de restauración y limpieza del terreno.
La Junta le impuso otra sanción, en este caso de 24.001€, por un “vertido de aguas residuales industriales” en abril de 2017 y, aunque pagó dentro del periódo voluntario, aún mantiene la obligación de restauración y limpieza y de la entrega a gestor autorizado de las tierras contaminadas.

Otro expediente sancionadores de abril de 2008 continúa en tramitación por dos presuntas infracciones a la ley de gestión de la calidad ambiental.