Refuerzo de inspecciones y sanciones para evitar más viviendas ilegales

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado al Consejo de Gobierno las principales actuaciones que se pondrán en marcha “para dar una respuesta definitiva a las urbanizaciones irregulares en suelo rústico que existen en Andalucía”, después de varios intentos normativos que no han resuelto una situación que afecta a unas 300.000 viviendas, de las cuales más de 12.000 se encuentran en la provincia de Almería.

En paralelo a estas medidas, el Gobierno andaluz ha anunciado que potenciará la labor de inspección y sancionadora para evitar que se reproduzcan nuevas actuaciones irregulares.

Así lo ha indicado en rueda prensa el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien ha dado a conocer las principales actuaciones que se pondrán en marcha, de cara a una regulación que permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación.

No obstante, Bendodo ha querido dejar claro que, en ningún caso, se va a llevar a cabo “una amnistía generalizada ni una regularización global”, sino que se van a buscar soluciones “dentro de la legalidad”.

“Tenemos que ver las viviendas que se pueden regularizar y las que no”, ha afirmado el portavoz, quien ha indicado que se están buscando fórmulas que acaben con una “prolija normativa sin sentido para dar solución a este tema”.

Planes especiales Además, la Consejería prevé la elaboración de planes especiales autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía para resolver la situación de estas parcelaciones.

El consejero, que ha apuntado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, abundará este miércoles sobre este asunto durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, a la vez que ha denunciado “el silencio administrativo que la anterior administración ha llevado a cabo con este problema enquistado desde hace años, frente a las respuestas que está buscando el actual Ejecutivo para muchos adquirientes de buena fe, a quienes hay que dar certidumbre”.

Los intentos normativos para regularizar las edificaciones en suelo urbanizable se remontan al año 2003, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) previó el régimen de fuera de ordenación y, tres años después, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incorporó la necesidad de controlar los procesos de ocupación y parcelación del suelo no urbanizable.

Sin embargo, la respuesta que se daba no era uniforme en todo el territorio andaluz, por lo que se han aprobado diferentes iniciativas a lo largo de los años que “no han resuelto el problema y han generado un entramado normativo prolijo, confuso e incompleto, que no ofrece una solución conjunta”, según asegura el actual Ejecutivo.

Según asegura la Junta, el nuevo Gobierno andaluz analiza ya las diversas circunstancias de cada territorio para atajar este problema con singularidades distintas.

La futura normativa “primará en todos estos casos el equilibrio claro y firme entre el interés general y la preservación del medio ambiente y los derechos que asisten a los propietarios de esos inmuebles”, ha asegurado el portavoz Elías Bendodo, tras el Consejo de Gobierno.