Los vecinos de Balanegra le han ganado la batalla al ruido que sufrían en sus propios hogares después de que el pasado 17 de junio se emitiese el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se condena al Ayuntamiento de Balanegra por inactividad ante las molestias ocasionadas por una empresa de la zona.
Dictamen que llega como consecuencia de la demanda interpuesta por los propios vecinos del municipio por la vulneración de derechos fundamentales, en forma de diferentes perjuicios, ocasionados durante los últimos años.
Sentencia
El TSJA estima la demanda formulada por los vecinos de Balanegra, ratificando así la sentencia anterior dictada en el mismo sentido el pasado 23 noviembre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Almería. Juzgado que consideró “la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los art. 15 y 18 de la CE”, y que condena al consistorio balanegrense a “llevar a cabo todas las actuaciones necesarias” a fin de que la actividad desarrollada por la empresa responsable “no produzca inmisiones de ruido superiores a las permitidas en la normativa vigente, debiendo adoptar para ello las medidas precisas para que cese la causa de esa lesión”.
Por este motivo, la Plataforma de Vecinos Afectados por Ruidos han expresado su satisfacción por el fallo del Alto Tribunal andaluz, e instan a la máxima autoridad municipal de Balanegra, Nuria Rodríguez, a acatar “sin circunloquios y de una vez por todas” las resoluciones judiciales concernientes al interés superior de sus habitantes. Todo ello dejando a un lado el “insultante inmovilismo y la soberbia impropios de cualquier gobernante”, insisten desde la Plataforma, que durante cuatro años “han caracterizado su postura”.
Y es que, recalcan los afectados, “tal ha sido la ineptitud, el abandono y la arrogancia, que ni si quiera una sentencia judicial de hace más de siete meses ha dado lugar al más nimio gesto del Ayuntamiento encaminado a la solución de este gravísimo problema, que ha minado la convivencia, la tranquilidad, el descanso y la paz vecinal”.
Las causas
A raíz de un crecimiento experimentado por la empresa origen de las quejas vecinales , el exponencial aumento de su volumen de negocio ha supuesto un tránsito permanente, también durante la madrugada, de camiones y otros vehículos que, además de emitir un “ruido ensordecedor”, han invadido la vía pública “con absoluto descontrol y permisividad”.
Una situación que conlleva un “peligro para los viandantes, ciclistas, conductores de motocicletas y automovilistas”. En especial una zona que, debido a su constante trasiego de vehículos, llega a invadir incluso parte de la CN-340 “con total impunidad”, denuncian desde la Plataforma vecinal.
En este punto, destacan, ni la autoridad municipal de Balanegra ni la empresa responsable, “han tomado jamás medida alguna encaminada evitar los peligros, el ruido y las graves molestias para los vecinos, con el menor ánimo de salvaguardar su seguridad y bienestar”.
Por el contrario, subrayan, todas las acciones de la empresa “se han dirigido a maximizar su rendimiento, sin atender las necesidades de un municipio que cada noche intenta dormir con el retumbante ruido de vehículos pesados que pernoctan dentro del núcleo urbano con el motor frigorífico encendido”.
Por esta razón, comentan que “es un insulto a todo el municipio de Balanegra” que su alcaldesa continúe “poniéndose de perfil” mientras su pueblo se va transformando “de tapadillo” en un polígono industrial “inviable para residir”; a pesar de las reiteradas sentencias judiciales que “la obligan a tomar medidas urgentes”. Lo que se traduce en una “condena que obliga a los ciudadanos balanegrenses, para mayor inri, a afrontar las costas judiciales originadas por su pésima gestión”.
Actuación ya
Tras esta sentencia favorable, desde la Plataforma de Vecinos Afectados por Ruidos “exigimos a la alcaldesa de Balanegra el cumplimiento inmediato de este fallo en forma de acciones coercitivas y, en su caso, sancionadoras” hacia la empresa por el “palmario y denigrante” incumplimiento de la normativa municipal, autonómica y estatal, en materia de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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