Mª Angeles Arellano
21:33 • 06 oct. 2011
El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería volvió ayer a hablar del futuro del hotel El Algarrobico, de Carboneras. Después del último pronunciamiento de la Justicia , su decano, Javier Hidalgo, y tras repasar los antecedentes de este inmueble, señaló que en la actualidad aún no existe una sentencia que determine su demolición, por lo que, afirmó, no se trata de una construcción ilegal.
Hay que recordar que esta misma semana se conocía el auto del Tribunal Supremo que rechazaba el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de suspender cautelarmente la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata, aprobado en 2008 por la Junta de Andalucía y que fue recurrido por Greenpeace. “Hoy por hoy no existen sentencias firmes en ningún sentido, por lo que la edificación del hotel no puede catalogarse de ilegal a fecha de hoy. Aún quedan pendientes otras sentencias en relación a otros tantos procedimientos judiciales emprendidos”, señaló ayer Javier Hidalgo.
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería apuntó que es la Justicia quien, en aplicación de la ley, emite sus resoluciones y nadie más, “ni el propio poder legislativo ni ejecutivo”.
Por otro lado, Hidalgo también habló ayer del coste que supondría ahora echar abajo el inmueble. “Cuando se habla de demoler, es una irresponsabilidad, en estos momentos que vivimos, no analizar los costes, tanto de la ejecución material de la demolición, el traslado de los residuos y su tratamiento, la actuación sobre el perfil resultante y la indemnización al promotor. Todo ello, cuantificable en unos 300 millones de euros, aproximadamente”, explicaba ayer el decano del Colegio Oficial de Arquitectos. A lo que hay que sumar, según Javier Hidalgo, el coste económico que supondrá recuperar la zona, “que lógicamente no se quedará igual”.
Hay que recordar que esta misma semana se conocía el auto del Tribunal Supremo que rechazaba el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de suspender cautelarmente la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata, aprobado en 2008 por la Junta de Andalucía y que fue recurrido por Greenpeace. “Hoy por hoy no existen sentencias firmes en ningún sentido, por lo que la edificación del hotel no puede catalogarse de ilegal a fecha de hoy. Aún quedan pendientes otras sentencias en relación a otros tantos procedimientos judiciales emprendidos”, señaló ayer Javier Hidalgo.
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería apuntó que es la Justicia quien, en aplicación de la ley, emite sus resoluciones y nadie más, “ni el propio poder legislativo ni ejecutivo”.
Por otro lado, Hidalgo también habló ayer del coste que supondría ahora echar abajo el inmueble. “Cuando se habla de demoler, es una irresponsabilidad, en estos momentos que vivimos, no analizar los costes, tanto de la ejecución material de la demolición, el traslado de los residuos y su tratamiento, la actuación sobre el perfil resultante y la indemnización al promotor. Todo ello, cuantificable en unos 300 millones de euros, aproximadamente”, explicaba ayer el decano del Colegio Oficial de Arquitectos. A lo que hay que sumar, según Javier Hidalgo, el coste económico que supondrá recuperar la zona, “que lógicamente no se quedará igual”.
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