Los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia enfrentan al personal

La puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Almería cerró una larga batalla por las carencias de las infraestructuras del sector. Sin embargo, el personal de los juzgados no entierra el hacha de guerra y abre ahora un nuevo frente, el reparto de los aparcamientos. La Junta de Personal de Justicia anunció el viernes que iniciará movilizaciones para exigir que las plazas se ocupen por orden de llegada, “descontando las que precise la gerencia del edificio y algunas instituciones”, sin “discriminaciones ni privilegios”. De momento, ya han entregado a la Delegación de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía un documento con 405 firmantes para exigir una distribución con criterios de “igualdad”, no “discrecional”.
Los funcionarios cuentan 62 plazas, 42 dentro del propio edificio y por tanto competencia de la Junta, y 20 exteriores pertenecientes al Ayuntamiento de Almería. La Junta de Personal solicita una gestión de todas ellas. Así pues, el problema es doble. En primer lugar, las 20 plazas exteriores fueron negociadas hace aproximadamente un año por el Decanato de Jueces con el Consistorio, no dependen de la Junta de Andalucía y no hay normativa alguna de reparto. El Decanato coordina su utilización de acuerdo a las necesidades que detecte. Están situadas en el frontal de los dos bloques, en la Carretera de Ronda.
En segundo lugar, las 42 plazas interiores de la Ciudad de la Justicia todavía no están en uso, a pesar de que los primeros juzgados comenzaron a trabajar a mediados de mayo. El juez decano de Almería, Luis Columna, inició las conversaciones para resolver el conflicto de este parking hace meses, pero todavía no hay decisión de la Comisión Mixta Junta-Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Columna ha solicitado17 plazas, es decir, la parte proporcional a las adjudicadas en la primera Ciudad de la Justicia de Andalucía, la de Málaga. Allí el aparcamiento también provocó una ardua polémica que tuvo que atajar el TSJA. Columna apela a ese criterio. Según el acuerdo del TSJA en diciembre de 2009, al que ha tenido acceso este periódico, habría que reservar en torno a un 40 por ciento de los espacios para los jueces y magistrados (por orden de llegada), unas fijas para cargos institucionales y el personal de guardia, y el resto para los funcionarios (por orden de llegada).