Góngora achaca a la coalición con Vox el “revuelo mediático” hacia El Ejido

El Ejido ha vuelto a convertirse en foco de atención después de que se haya conocido que la Junta de Gobierno haaprobado  la demolición de 120 infraviviendas ubicadas en el paraje Chozas de Redondo y el correspondiente desalojo de las casi 300 personas que allí habitan.

No obstante, el interés en torno a esta cuestión no es algo que haya sorprendido al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, puesto que ya durante el pleno del pasado lunes avanzó que esa circunstancia iba a producirse aunque sin concretar que ese acuerdo ya se había adoptado.

Reflexión
El debate estaba discurriendo en torno a la moción para que El Ejido mostrase su compromiso de seguir en ‘VioGén’ con independencia de las siglas de los partidos que hubiera en el gobierno. Y, en una de sus intervenciones, Góngora reiteró, ante los reproches de la oposición, que “en ningún momento se planteó dejar sin protección a ninguna mujer del municipio. Eso es falso”. Y, posteriormente, acompañó esa afirmación con la siguiente reflexión: “basta que esté Vox en coalición con el equipo de Gobierno para que eso tenga más relieve. Y le digo más, nosotros hemos venido, voy a poner otro ejemplo, nosotros hemos venido haciendo, no tiene nada que ver con esto pero de cara a la repercusión pública... demoliciones de chabolas, asentamientos chabolistas. Y vamos a seguir haciéndolo. Hasta ahora no ha tenido ningún tipo de repercusión. Cuando hagamos el próximo, todo legalmente, todo con todas las garantías legales y judiciales habidas y por haber estoy seguro que volverá a tener interés mediático”.

Y lo cierto es que tal y como preveía el alcalde Popular la medida ha generado revuelo y reacciones empezando por la asociación CEPAIM que estudia presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa para intentar frenar esta medida.

Alternativa
También ha saltado a la palestra sobre este tema el líder del PSOE ejidense, José Miguel Alarcón quien aboga por una mesa de negociación porque esta medida “deja sin una solución a muchas familias, y si bien es cierto que las condiciones en las que viven son inhumanas, también lo que no podemos permitir es que casi 300 personas se queden totalmente desamparadas”.

Y es que el acuerdo adoptado recoge que hay “120 habitáculos autoconstruidos” como chabolas “bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad” que se encuentran ocupadas por “entre 250 y 300 personas”, entre ellas mujeres y niños, que habitan “en una situación de riesgo físico” y señala que “no tendrían derecho de realojo tras el desalojo” al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.