Buenas noticias para el municipio de Berja después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, haya estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Berja contra una resolución de la Junta de Andalucía, dictada en 2017, que pretendía el reintegro de la subvención concedida para la construcción de espacio escénico de la localidad. Una cifra que, sumados los intereses, rondaba el millón de euros.
Y la cosa no se queda ahí puesto que el mismo tribunal también insta a la administración autonómica a que pague al ayuntamiento virgitano la cantidad de 445.882,81 euros correspondientes al resto de la subvención comprometida en su día, más sus intereses legales devengados desde la fecha de la finalización de la obra hasta su completo pago.
“Esta decisión judicial pone fin a una oscura etapa en la que el ayuntamiento de nuestro pueblo sufrió la marginación de la Junta, cuando ésta estaba en manos del PSOE, y la utilizaban para castigar a los que no eran de su signo, como ha quedado bien acreditado en este juicio”, explica el alcalde virgitano, José Carlos Lupión.
Antecedentes
En diciembre de 2003 se formalizó el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Berja para la financiación conjunta de las obras de construcción del espacio escénico de localidad.
En primer lugar, la obra fue adjudicada en 2004 por parte del Equipo de Gobierno socialista de Berja a la empresa Climo Cubierta, vinculada a la familia del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Y entre 2004 y 2007 la Junta abonaría más de medio millón de euros al ayuntamiento de Berja en concepto de la parte que le correspondía de financiación. Sin embargo, la empresa acabó quebrando y con ello se paralizaron las obras del teatro de Berja en el año 2007.
Posteriormente, sería Obrascampo quien retomaría el proyecto en 2010 pero se paralizó por problemas económicos de la propia empresa en 2012. En mayo de ese año la Junta requirió al ayuntamiento la certificación de final de obra. Y en enero de 2013 inició un expediente para el reintegro de la subvención concedida. Ante este expediente, el ayuntamiento presentó sus alegaciones, consiguiendo que se archivara y que no se ejecutara.
En 2013 la empresa virgitana Construmar se hizo cargo de la obra, finalizando por fin la misma en octubre de 2014, según consta en el certificado que envió el consistorio a la Junta para pedirle el resto de la subvención pendiente. Y desde entonces se ha estado produciendo un tira y afloja que ahora llega a su fin.
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