Casi dos meses acudiendo a diario al Ayuntamiento para pedir ‘justicia’

María Navarro Ortega lleva casi dos meses acudiendo todos los días al Ayuntamiento de Olula del Río, donde de nueve de la mañana a tres de la tarde esta extrabajadora municipal de 63 años protesta y reclama que se solucione su caso. La mujer explica que el alcalde del municipio, Antonio Martínez (PP), le prometió que sería readmitida en un puesto “adaptado a sus capacidades” tras darse de baja del suyo a causa de varias enfermedades, algo que, denuncia, nunca sucedió.

Incapacitada

La olulense padece artrosis, artritis, fibromialgia y una enfermedad degenerativa de la vista, dolencias por las que hace nueve meses un tribunal médico le otorgó la declaró incapacitada para continuar con su trabajo en un centro de día para mayores, si bien el órgano indicó que podría seguir trabajando en “un puesto adaptado a sus capacidades”, tanto a media como a jornada completa. 

Años antes de darse de baja, Navarro ya había solicitado su traslado, especialmente tras un empeoramiento de sus síntomas hace aproximadamente dos años. Según afirma, el alcalde la alentó a que acudiera al tribunal, prometiéndole que tras darse de baja sería readmitida en un nuevo puesto. “Tras darme de baja el alcalde me seguía diciendo que sí, que estaban buscando un puesto de trabajo para mí pero que tenía que tener paciencia, que no era el momento”, cuenta. Así pasaron ocho meses, tras los cuales María,  que estaba cada vez más enferma, se plantó en el Ayuntamiento y le exigió al alcalde una respuesta clara, pero solo obtuvo lo que califica como “largas”.

Aunque reconoce que no tienen ninguna obligación legal de contratarla, sostiene que ha sido engañada por el alcalde, quien la habría convencido para darse de baja sabiendo que no la readmitiría.

Jubilación

Con una pensión del 55% y un 20% extra que recibe por su situación de desamparo, la principal preocupación de María ahora es no poder llegar al 100% de su jubilación, para lo que le faltaría cotizar tres años más. La solución, según afirma, sería que el Ayuntamiento la readmitiera en puestos que pueda realizar como “recepcionista, telefonista, conserje o interventora” lo que, según cree, no se habría producido por no comulgar con el pensamiento del partido gobernante. “Estoy convencida de que me han engañado por mi ideología política”, sentencia.