Los afectados creen en riesgo el decreto de las viviendas ilegales

Los afectados por la compra de viviendas ilegales o fuera de ordenación en la provincia han mostrado su preocupación ante la posición del Gobierno central en cuanto al decreto recientemente aprobado por la Junta de Andalucía que permitiría la regularización de decenas de miles de viviendas.

En concreto, según ha informado ‘El Confidencial’, el Gobierno de España ha planteado un conflicto de competencias tras la aprobación del decreto, por lo que ahora ambas administraciones (la andaluza y la central) deberán negociar y modificar un total de diez artículos que son los que están en liza (el 2, el 3, del 10 al 15 y la disposición final primera).

“Sería terrible”
Según el mismo medio digital, el Estado plantea conflictos sobre asuntos clave como las viviendas ilegales construidas de forma previa a 1975 o los planes que habrá que desarrollar para legalizar urbanizaciones o conjuntos de viviendas que actualmente se encuentran fuera de la ley.

Desde la asociación mayoritaria de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), se han declarado “consternados”ante esta situación y “con la posibilidad de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional (TC)”, añadiendo que no entienden “cómo el gobierno de España en funciones puede actuar de esta forma”. La presidenta de este colectivo compuesto mayoritariamente por ciudadanos de origen británico, Maura Hillen, recuerda que “la Unión Europea ha anunciado posibles acciones contra España por no tratar adecuadamente las aguas residuales de las viviendas, y aquí en Andalucía hay cientos de miles de viviendas irregulares sin saneamiento adecuado” por lo que “el Gobierno andaluz, promovió este decreto “precedido por otras medidas promovidas por el PSOE con el apoyo de IU” en algún caso.

“El Decreto-ley ha tenido una fenomenal acogida por parte de la sociedad andaluza, y ahora vemos con horror cómo el Gobierno de la nación en funciones pretende impugnar esta esperada medida. No lo entendemos y esperamos que sea un malentendido”, confiesa Hillen. Por su parte Gerardo Vázquez, letrado de AUAN y portavoz de la Coordinadora Nacional Pro Justicia en el Urbanismo considera que “sería terrible” si el Gobierno llegase a impugnar el ante el TC.