La Junta renueva el contrato con el centro Tierras de Oria

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado el expediente de gasto derivado de la contratación por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del servicio integral para guarda, reeducación e inserción de menores infractores en ocho de los 16 centros de internamiento (CIMI) con diversas entidades sociales y por un plazo de dos años. Una medida que afecta directamente a los centros almerienses ‘Tierras de Oria’ y el de El Molino, en la capital.

La cuantía aprobada permitirá la renovación de los contratos de ocho CIMI que se cumplen el próximo 31 de diciembre, ya que se mantiene la necesidad de disponer de plazas en centros especializados en los que los menores infractores cumplan las medidas impuestas por los juzgados, tal y como señala la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación en la memoria justificativa.El Consejo de Gobierno es el competente para aprobar el gasto de estos contratos, ya que las cuantías de los mismos por separado superan los ocho millones de euros. 

58,8 millones
El resto de contratos para la gestión de los centros de menores están siendo tramitados directamente desde la propia Consejería de Justicia al no superar la citada cifra. 

En este sentido, la Administración andaluza ha dado la autorización para el pago, por un lado, de 26,3 millones de euros para los CIMI Bahía de Cádiz masculino y femenino, ambos en el Puerto de Santa María (Cádiz); así como el de los centros en la provincia de Sevilla de Los Alcores (Carmona) y El Limonar (Alcalá de Guadaíra). Por otro lado ha autorizado el abono de 58,8 millones para los CIMI de La Marchenilla en Algeciras, Medina Azahara (Córdoba) y El Molino y Tierras de Oria, ambos en la provincia almeriense.

Con estas cuantías se cubrirá el servicio que vienen prestando las entidades Fundación Diagrama, Ginso, Adis Meridianos y Afanas El Puerto y Bahía en los citados centros durante los dos próximos años a contar desde el 1 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sobre esta competencia, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establece en su artículo 45.1 que la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces es competencia de las comunidades, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.