El juez pide información sobre las 166 hectáreas de regadío en Cabo de Gata

La Guardia Civil ha requerido a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Almería para que informe sobre su actuación respecto al cultivo de regadío de 166,49 hectáreas de frutales sobre suelo agrícola de uso secano en la finca La Joya de Aguamarga, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El oficio del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) llega después de que el Juzgado de Instrucción 4 de Almería incoase diligencias previas a instancias de la Fiscalía, que apreció indicios de un presunto delito de prevaricación por la transformación de uso de suelo "sin cumplir los trámites oportunos en materia de ordenación del territorio y ley de aguas".

La Guardia Civil ya solicitó la misma información en julio a la delegación Territorial cuando la investigación aún no estaba judicializada y reiteró el mismo oficio a finales de diciembre después de que la juez les instase en un auto a practicar gestiones encaminadas a esclarecer si hay o no delito, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El escrito del Seprona solicita copia digitalizada del expediente completo tramitado por la Junta de Andalucía que concluyó la "inviabilidad" del proyecto "a efectos medioambientales" al "no existir recursos hídricos suficientes" y por realizarse parcialmente en zonas protegidas B1 y B2. La resolución apuntaba que tampoco era viable la edificación de apoyo o la construcción de nuevas balsas de regulación.

Además de pedir que se detalle la situación actual del expediente, la Guardia Civil pregunta por las inspecciones realizadas sobre el terreno, si existen denuncias y su resultado, o si hay expedientes sancionadoras abiertos con medidas cautelares.

El oficio solicita, asimismo, a la delegación territorial varios informes, entre ellos uno en el que "se compare lo proyectado y lo solicitado" por el promotor "y que lo realmente existe sobre el terreno".

También pide ir más allá y demanda que los técnicos de Medio ambiente valoren si el uso del agua en estas hectáreas podría causar "daños sustanciales en la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales, plantas o perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales".

Interesa también que se certifique si el cambio de uso de suelo en hábitats de interés comunitario del parque natural de Cabo de Gata-Níjar ha "supuesto la eliminación" de dichos hábitats y si las edificaciones de apoyo y varias balsas de regulación de agua construidas "son o no autorizables".

La asociación 'Amigos del Parque Natural' fue la que puso los hechos en conocimiento del fiscal ya que, según sostienen, la transformación de suelo se ha producido "sin contar" con la preceptiva licencia municipal "ni con la autorización medioambiental". En concreto, se habría transformado el suelo para árboles frutales como melocotón, nectarina, ciruela y paraguayo.

Desde el colectivo instan a que, "con urgencia", se produzca "el precinto de la actividad" que desarrolla la empresa agrícola promotora de los cultivos y a que se reponga el paraje "a su estado original".

Dictamen en mayo de la Junta

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible emitió en mayo de 2019 una resolución que la que acordaba no otorgar la autorización ambiental unificada solicitada por la mercantil Agrofruits Levante SL para la "adecuación al cultivo de cítricos en regadío" en la finca La Joya de Aguamarga.

Argumentaba la Junta andaluza que el proyecto "no cuenta con la necesaria acreditación de uso de recursos hídricos" que lo hagan "lealmente viable" y remarcaba que era "incompatible" con la protección de los valores medioambientales del parque natural.

En concreto, indicaba la "incompatibilidad" del cambio de uso de forestal a agrícola de 11,27 hectáreas que había "solicitado legalizar" la empresas en la zona con grado de protección B1 y de la transformación de tierras de secano a regadío sobre una superficie de 67,94 hectáreas que, en la misma línea, también había "solicitado legalizar" en la zona con grado de protección B2.

La resolución remarcaba que tampoco es viable ambientalmente la transformación agrícola que la mercantil había solicitado en zona C1 "por no cumplir los criterios y directrices" del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural ni la adecuación de edificaciones de apoyo "para la implantación de una gran extensión de cultivos de frutales de hueso forzados".

"La viabilidad de la adecuación de las edificaciones de apoyo está condicionado a un proyecto de cultivo que garantice el mantenimiento del funcionamiento de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de los recursos, la conservación del paisaje, la cubierta vegetal, el suelo, la fauna y los recursos hídricos", apuntillaba.

Por último, la junta rechazaba en su resolución, contra la que cabían recursos de la alzada, la ubicación de balsas en la zona B2 y en la zona C1, esta última porque, si bien sí es compatible con los usos dados a este tipo de zonas, es una balsa "asociada a la implantación de una gran extensión de cultivo de frutales de hueso forzados".

Cultivo ya "desarrollado"

Según la denuncia elevada a Fiscalía y que ha dado lugar a la apertura de procedimiento penal, la finca, que tiene una superficie de 251,98 hectáreas, ya ha desarrollado una superficie de 166,49 hectáreas de frutales de hueso en regadío, y ahora pretende su legalización a efectos ambientales.

De ellas, 11,27 hectáreas están situadas en zona B1, consideradas áreas naturales de interés general; 67,94 hectáreas en zonas B2, que son áreas seminaturales con usos tradicionales; y 82,19 hectáreas en zonas C1 que el PORN permite ser utilizadas para cultivos agrícolas, pero que en este caso no se acredita la disponibilidad de recursos hídricos.