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Helmuth Moya Meyer, el ya pequeño héroe togado de Palomares, es invisible a los ojos, como lo esencial para Saint-Exupéry. Del magistrado de la Audiencia Nacional -que con su voto particular se ha desmarcado del resto de los integrantes de la Sala exigiendo en el auto mayor grado de transparencia del Gobierno- no hay imagen que echarse a la boca en Internet, no hay huella digital de su rostro. Sin embargo, pocos como él, quien hasta ahora era el ponente del procedimiento, han expuesto tan claramente el deseo rumiado desde hace cinco décadas de los vecinos y administraciones del Levante almeriense.
Moya, con una contundencia hasta ahora inédita en el desgraciado ‘Caso Palomares’, ha dejado dicho que “la obligación de descontaminar las 40 hectáreas afectadas con Plutonio corresponde al Gobierno español y que como país soberano no puede justificar su inacción en la falta de cooperación de Estados Unidos”.
“La idea indebida de que el proyecto de rehabilitación de la zona está indisolublemente ligado a la colaboración de EEUU ha de ser negada de manera tajante”, expresa el magistrado Helmuth Moya, máxime, según añade, cuando “se ha considerado que el mantenimiento de la situación puede afectar a la salud pública”.
La carrera juríridica de Moya se ha caracterizado como magistrado por su constante azote a asuntos variados como las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias”
“En una sociedad democrática cuando están en juego valores de primordial importancia como la salud pública y la protección del medio ambiente, no pueden servir conceptos jurídicos indeterminados de Seguridad y Defensa Nacional de pretexto para seguir negando información a la ciudadanía sobre los verdaderos efectos del accidente nuclear de Palomares, como señala con laxitud la Abogacía del Estado”.
Moya llega a proponer en su escrito particular que se estudie la viabilidad de un almacenamiento provisional en las instalaciones de residuos nucleares de El Cabril, en Córdoba.
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