“El pago de la deuda supondría la quiebra total del Ayuntamiento”

Antas ha perdido la batalla judicial por mantener la venta de una parcela municipal a la empresa Paneles Aislantes Spancrete España S.A., por la que deberá abonar 1.527.746 euros en concepto de indemnizaciones, según dictaminó el 5 de febrero el Tribunal Supremo.

Se trata de un proceso que arrancó en 2007 tras una demanda interpuesta por el Partido Popular a propósito de irregularidades en el proceso de cesión de estos terrenos, cuyo estatus jurídico fue modificado por Ayuntamiento para sacarlos a subasta pública.

Cantidad inasumible

En una rueda de prensa ofrecida en el ayuntamiento, el alcalde de Antas, Pedro Ridao, afirmó que el pago de dicha cantidad “supondría la quiebra total del Ayuntamiento”, que se vería imposibilitado de cubrir sus gastos para mantener los “servicios públicos esenciales para los vecinos”.

Por esa misma razón, el alcalde anunció la intención del equipo de Gobierno de sentarse a negociar para ampliar el plazo otorgado para pagar la deuda, que es de tan solo tres meses y que, en caso de incumplirse, conllevaría una “ejecución forzosa, con embargo de bienes y derechos”, según afirmó el regidor del municipio antuso.

Se trata de un revés económico al que se suman dos préstamos pendientes de pago con el Banco Popular, que restan otros 861.671 euros a las arcas municipales, con lo que el montante total a deber por el Ayuntamiento, sumando los intereses legales, costas y gastos judiciales del proceso, ronda los tres millones de euros.

Sobre las decisiones que llevaron al cambio en la denominación de los terrenos por un Gobierno socialista anterior, Pedro Ridao afirmó que “se ha demostrado que no fue una decisión adecuada”.

Los hechos

La venta de los terrenos conocidos como Caballón y Campo de la Ballabona, en febrero del año 2000 y por un importe de 120.202 euros a la empresa ‘Spancrete’, fue posible gracias al cambio en la calificación de esos terrenos, que pasaron de ser ‘comunales’ a convertirse en ‘patrimoniales’, por acuerdo del Pleno ese mismo año.

El Partido Popular decidió denunciar esta maniobra en 2007, consiguiendo que  el 31 de marzo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decretara la nulidad del cambio de calificación de los terrenos, lo que implicó a su vez la nulidad de su venta a la empresa.

Devolución

Para cumplir con la sentencia, el 25 de febrero de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de Antas acordó anular todos los actos administrativos vinculados a la calificación de la finca y a su venta, así como devolver a Spancrete el precio pagado inicialmente por la finca, algo más de 120.000 euros.

Sin embargo, para entonces la empresa había llevado a cabo en la finca obras por valor de 1.742.935 euros, por lo que recurrió ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa este acuerdo, unas demandas que fueron aprobadas en su día por un juzgado veratense y han sido ratificadas ahora por el Tribunal Superior.