La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax junto a Aqualia, empresa concesionaria del servicio de aguas en la comarca, han acordado una serie de medidas de carácter económico y social para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus entre sus vecinos y vecinas, así como del tejido empresarial.
De esta forma, destaca la decisión de aplicar el conocido como consumo estimado cero a aquellas empresas y comercios de la comarca que han tenido que cerrar temporalmente como consecuencia del Estado de Alarma. Esto significa que dichas empresas tendrán lectura cero de sus contadores de agua y por lo tanto no tendrán que pagar recibo.
Esta medida se aplicará desde el día en que se decretó dicho Estado de Alarma, es decir, el 14 de marzo, y continuará vigente hasta que se reactive la economía.
La presidenta de la Mancomunidad, Ángeles Castillo, destaca que a través de esta iniciativa “hemos intentado aliviar a las empresas y comercios que han tenido que cerrar con motivo de la crisis del coronavirus; nos hubiera gustado aplicar una exención mayor pero legalmente no se puede llevar a cabo”.
No habrá cortes
Por otra parte, para proteger al resto de ciudadanos de la comarca, se ha adoptado otra medida según la cual no se cortará el suministro hídrico a ninguna persona mientras dure la situación de emergencia sanitaria. Igualmente se van a establecer calendarios de aplazamientos y fraccionamientos de deudas, a través de planes personalizados, teniendo en cuenta la realidad económica y social de cada usuario.
Ángeles Castillo recuerda que la Mancomunidad del Bajo Andarax “dispone desde hace varios años de un fondo para aplicar bonificaciones en los recibos del agua a todos los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social”. Para atender las nuevas solicitudes de tarifas sociales, se han reforzado los canales de atención telemática (teléfono, app, webs y redes sociales) tanto de Aqualia como del ente supramunicipal.
Por otra parte, la Mancomunidad está trabajando para ver de qué manera puede establecer algún tipo de ayuda a los siete ayuntamientos que la componen, como por ejemplo la adquisición de material de protección para empleados y usuarios de la administración local “siempre dentro de las competencias que tenemos asignadas”, concluye Castillo.
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