La Audiencia Nacional (AN) ha vuelto a pedir al Gobierno que le remita el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para el área contaminada con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), después de que hayan pasado más de tres meses desde su primera solicitud "sin respuesta alguna".
En una providencia de 8 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 7 de la Sala de lo Contencioso-administrativo acuerda reiterar el oficio que envió al Consejo de Ministros en el que pedía que se desclasificara el citado plan y otra documentación relativa a Palomares para poder decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica tal y como pide Ecologistas en Acción.
El tribunal adopta la decisión "visto el estado procesal de las actuaciones" tras el auto dictado el 3 de febrero si bien recuerda que, dado el estado de alarma en vigor por la crisis sanitaria de la Covid-19, se aplazan todas las actuaciones judiciales, salvo las de carácter urgente. Da plazo de cinco días para presentar recurso de reposición.
La Audiencia Nacional instó en un auto al Consejo de Ministros a desclasificar el Plan de Rehabilitación aunque dejó abierta la posibilidad de que se remitiera a la sala "todas las indicaciones que sean procedentes" en relación al mantenimiento de la "confidencialidad" de su contenido.
La resolución pedía también al Gobierno que le precisase "el tiempo estimado" para finalizar el informe y que aportase "cuanta documentación" se haya elaborado sobre la situación en la zona desde el 5 de mayo de 2010, fecha en que se aprobó el Plan de Rehabilitación.
Ecologistas en Acción llevó a la vía judicial una resolución del CSN de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la "clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares "con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada" previstos en el citado plan de rehabilitación.
La Audiencia Nacional considera que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico "reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966" y considera, por tanto, que "es necesario conocer los planes que se hayan elaborado".
El auto contó con el voto particular del magistrado Helmuth Moya, quien ya no forma parte del tribunal y para quien la "obligación" de "descontaminar corresponde" a España que, "como país soberano", no puede "justificar su inacción" en la "falta de cooperación" de EEUU. En su lugar, se ha incorporado la magistrada Begoña Fernández Dozagarat.
Al solicitar no solo el Plan de Rehabilitación sino también que aporte cuanta documentación se haya elaborado después, la Audiencia Nacional también estaría reclamando el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010.
En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo. Esta modificación se produjo en el pleno de 22 de julio de 2015 del CSN.
En su día, el CSN aportó un documento que no era copia certificada del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a "todo el proceso relativo a Palomares" desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido "a instancias" del Department of Energy (DOE) de EEUU. El colectivo asegura que, para ello, se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría "únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada", lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.
Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
La Abogacía del Estado siempre lo ha rechazado. En el primer caso, alegó que se trataba de un documento que "no elaboró" el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar "con carácter confidencial", por lo que "no puede realizar la aportación del mismo".
En esta misma línea, señaló que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio y remarcó que el Departamento de Energía de USA entregó los documentos así, "lo que obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero".
Por último, con respecto al acta de la sesión celebrada por el CSN el 22 de julio de 2015 señaló que el "tema de los criterios radiológicos", aseguró que ya se había aportado a la sala "en la parte no afectada por la Ley de Secretos Oficiales".
En tanto la Audiencia Nacional resuelve, la Comisión Europea (CE) ha dado plazo a España hasta finales de 2021 para que informe de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" y ha solicitado que completen la "recomendación" que ya formuló en 2010 para dar cumplimiento al artículo 35 de Tratado Euratom para "eliminar" el suelo contaminado para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo".
El informe señala que hace una década la CE recomendó que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación "español", aprobado de hecho en el año 2010, y la limpieza de la tierra "para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico" en especial en las zonas 2,3 y 6 "teniendo en cuenta la muy larga vida media" de los "contaminantes" allí presentes.
Recoge que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba "una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas 5 mSv por año".
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