Trece víctimas de ETA en la provincia solicitan indemnizaciones a la Junta

El 27 de octubre de 2010, el pleno del Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de Asistencia y Atención a Víctimas del Terrorismo, una mano tendida a quienes sufren la cicatrices del ataque de ETA. “La sociedad andaluza rinde tributo de honor a cuantos han sufrido la violencia terrorista en nuestra tierra, haciendo de esta iniciativa una expresión de reconocimiento y solidaridad (...) un profundo homenaje que, sin duda, merece su sacrificio”, dice su preámbulo. Desde la entrada en vigor de la ley en febrero de este año, la Junta de Andalucía ha tramitado 274 expedientes de más de 400 beneficiarios, según datos ofrecidos por el secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo. Entre ellos, la Consejería de Gobernación y Justicia dispone hoy de la solicitud de indemnizaciones de 13 víctimas del terrorismo afincandas en la provincia de Almería.
El histórico de atentados de la banda desde los años sesenta anota siete almerienses muertos a manos de ETA; a saber, Esteban Maldonado (guardia civil muerto en 1975), José Luis Martínez (subinspector de Policía, 1976), José María Lozano (guardia civil, 1977), Francisco Gómez-Gómez (guardia civil, 1979), José Martínez (guardia civil, 1980), José Artero Quíles (empresario del mármol, 1980) y José Manuel Rodríguez (policía nacional, 1980). No obstante, además de sus familiares directos, pueden optar a ayudas víctimas llegadas a Almería desde otros puntos del país (serían andaluces, según la definición jurídica recogida en el Estatuto, “con vecindad”·en la comunidad autónoma).