El pleno de Carboneras refrenda el recurso y las alegaciones contra el mineral

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado la presentación de un recurso de alzada y de alegaciones al procedimiento de la Junta de Andalucía relativo a la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera para la descarga y manipulación en el Puerto de Carboneras de 100.000 toneladas de mineral de hierro procedentes de Alquife. La decisión ha sido refrendada con el voto favorable de todos los grupos políticos representados en el pleno -PSOE, Gicar y Carboneras Avanza- a excepción del Partido Popular, que se ha abstenido.

El alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha subrayado que la paralización de esta descarga “es una pelea de todos los partidos” y “es compatible con el futuro del pueblo”. Por ese motivo, ha apelado a mantener la unidad en torno a una decisión que tiene que ir acompañada de un trabajo intenso “para luchar por las oportunidades” que tiene Carboneras en cuanto a la creación de riqueza y empleos, de calidad y estables, pero lejos “de más actividad industrial que genera contaminación”.

Una contaminación que, ha recordado, termina pasando factura medioambientalmente y socialmente ya que, de modo destacado, puede tener consecuencias sobre la salud de los carboneros que, según ha incidido, tiene que protegerse por todos los medios posibles desde el Ayuntamiento. “Lo que no puede ser es que Carboneras termine recibiendo lo que otros no quiere”, ha considerado tras el pleno en referencia a la negativa de otros municipios con puertos a asumir esta descarga de mineral.

Contenido de alegaciones y recurso

Tanto las alegaciones como el recurso de alzada interpuestos se han elaborado por parte de expertos técnicos y jurídicos en esta materia, que han sido contratados expresamente por el Ayuntamiento respondiendo a la especificidad de la materia, al escaso periodo de tiempo dado para la presentación de los mismos por el Gobierno andaluz y a la escasez de recursos propios del Consistorio carbonero.

El recurso de alzada defiende, fundamentalmente, que dado que la actividad sometida a evaluación ambiental discurre entre dos provincias diferentes -Almería y Granada- el órgano competente para la misma es la propia Consejería, a través de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, y no su Delegación Territorial en Almería, además de poner el foco en que no se ha llevado a cabo la evaluación ambiental que también correspondería tanto al transporte del mineral de hierro como a su acopio temporal en el Puerto de Carboneras.

En el caso de las alegaciones, se pone el acento en que los muelles de descarga que se pretenden emplear “carecen de las autorizaciones ambientales preceptivas” para la actividad y que, por lo tanto, “no proceden ni la tramitación ni la aprobación y autorización” de esa actividad en este caso.

“Carece de sentido y es contradictorio que se autoricen emisiones ambientales a la atmósfera haciendo uso de unas instalaciones que no han sido sometidas a los procedimientos de control y prevención ambiental y carecen de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, lo que redunda en un total desconocimiento de sus afecciones y no garantizando en su uso el posible impacto al medio ambiente de dichas emisiones, con una total incertidumbre e indefensión ambiental para el entorno natural protegido y la población cercana”, recoge el texto.

Escaso margen por la Junta

El registro de esas alegaciones y del recurso de alza se ha llevado a cabo coincidiendo con el final de plazo marcado por la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para este 12 de junio.

En ese sentido, Amérigo Fernández, ha explicado que la convocatoria extraordinaria y urgente de la sesión plenaria que ha aprobado su presentación se debía, precisamente, al escaso margen dado por el Gobierno andaluz para este trámite. Y es que cabe destacar que se dio traslado del mismo al Ayuntamiento de Carboneras a finales de la última semana de mayo, sin atender las circunstancias especiales de la suspensión de plazos administrativos vinculada al Estado de Alarma en el país ni tener en cuenta que, como sucede en las administraciones locales de municipios de tamaño medio, “se tiene falta de personal y recursos propios” para poder actuar con la agilidad exigida.

Además de la autorización para la interposición del recurso de alzada y la presentación de las correspondientes alegaciones, el pleno del Ayuntamiento carbonero ha refrendado que se dé traslado de esas mismas actuaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.