El PP pide rapidez en las obras de la desaladora del Bajo Almanzora

Los senadores del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez, junto al alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han mantenido una reunión con regantes del Levante almeriense en la que le han trasladado su “preocupación” por los continuos “retrasos que se están produciendo en las obras de la desaladora del Bajo Almanzora”, así como por el “posible corte de agua del trasvase Tajo-Segura que se puede producir en el mes de julio y que supondría un varapalo para la agricultura de esta comarca almeriense”, según manifiestan en una nota de prensa.

Hernando y Rodríguez-Comendador señalan que “esta comarca y su agricultura necesitan agua para sobrevivir” y lamentan que “desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se esté haciendo nada para paliar el déficit hídrico del norte de la provincia”.
En este sentido, los senadores recuerdan que “la desaladora, prevista en el Plan Hidrológico Nacional, iba a suponer un revulsivo importante para la agricultura del norte almeriense, sin embargo, la decisión del Gobierno socialista de situar la instalación en zona inundable, sin realizar ni prever las oportunas obras de defensa y protección de la instalación, acabó con la destrucción de esta infraestructura en 2012 como consecuencia de una riada”.

Reparación

“A día de hoy la desaladora sigue esperando que llegue el momento de su reparación ante la preocupación de los regantes del Levante almeriense que han estado dos años esperando que el Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección de Aguas desbloquearan el informe preceptivo sobre la protección”, manifiestan.

Por otra parte, Hernando y Luis Rogelio esperan que el Gobierno no “tome la decisión de cortar el agua que llega del Tajo-Segura para regadío en el mes de julio, una medida que ya adoptaron en los meses de noviembre y diciembre y que perjudicó directamente a 24.000 hectáreas del Levante almeriense”.

Para los senadores esta decisión de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera fue “injustificada” y supuso un “nuevo castigo para la provincia de Almería”, por lo que esperan que “no vuelva a ocurrir”.