La Justicia vuelve a cargar a la Junta la conservación del Cortijo del Fraile

Un juzgado de Almería ha vuelto a sentenciar que "corresponde" a la Junta de Andalucía las adopción de "medidas para conservación, mantenimiento y custodia" del Cortijo del Fraile y ha eximido al Ayuntamiento de Níjar de tal responsabilidad, ya que "tiene vedada legalmente" la "posibilidad de llevar a cabo actuaciones de ejecución de obras de cualquier tipo sobre bienes catalogados de interés cultural (BIC)".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería desestima el recurso que interpuso Amigos del Parque en 2012 ante el estado de deterioro del inmueble, y tras un primer archivo y posterior reapertura en 2017 a instancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), rechaza declarar "inactividad" por parte de la administración, en este caso, la local.

La resolución, de marzo de 2020 aunque notificada a las partes recientemente y consultada por Europa Press, "asume" una sentencia del propio Alto Tribunal andaluz que ya concluyó que son las "comunidades autónomas, salvo puntuales excepciones en las que se reserva para el Estado, las que se erigen en titulares con carácter general de las competencias de tutela y de gestión de estos bienes".

Hace suyo, asimismo, el argumento de que la Junta es la que puede ordenar a las personas que son propietarias de BIC "la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias, incluyendo la ejecución subsidiaria, con cargo al obligado a su realización, sin perjuicio de imponer multas coercitivas cada mes que se mantenga la situación de desobediencia".

Amigos del Parque instaba al Ayuntamiento de Níjar a adoptar manera "urgente" medidas para garantizar la conservación y rehabilitación del Cortijo del Fraile, inmueble declarado BIC y escenario de los hechos que inspiraron Bodas de Sangre de Federico García Lorca y Puñal de Claveles de Carmen de Burgos, Colombine.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó en mayo de 2017 al juzgado de Almería que reabriese el procedimiento archivado en 2014 y determinase si el Ayuntamiento nijareño había incurrido en inactividad con respecto a sus obligaciones con respecto a este Bien de Interés Cultural, que es el Cortijo del Fraile. El juez que ordenó en ese mismo año al Consistorio la adopción cautelar de medidas urgentes ante el estado de deterioro del Cortijo del Fraile archivó el procedimiento después de que el propio Alto Tribunal Andaluz determinase en un auto de diciembre de 2013 que la competencia de su conservación recae en la Junta de Andalucía y anulase las citadas medidas cautelares.

La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recurrió a la vía judicial al entender que es la administración local la que tiene las competencias en materia urbanística y dispone de las herramientas necesarias para exigir al propietario la estabilidad del edificio. El colectivo fundamentaba sus reivindicaciones al entender que la LOUA establece que el Ayuntamiento de Níjar "sería responsable por inactividad administrativa cuando un bien inmueble, amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico"; caso en el que "el alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo".

La empresa propietaria finalizó en marzo de 2017 las obras de consolidación exigidas por la Junta de Andalucía y que contaron con un presupuesto de entorno a 47.600 euros con los que se procedieron al desmontado de los forjados de cubierta derrumbados total o parcialmente y de los tramos de muros interiores con peligro de colapso, así como a la recomposición de tramos de las fábricas de mampostería derrumbadas de las fachadas exteriores del conjunto. La actuación también conllevó la consolidación de los muros de fachadas e interiores mediante retacado de fisuras, grietas y huecos.