Los tribunales fijan juicios para 2014 y provocan el malestar de los usuarios

La celeridad en la resolución de un juicio por despido improcedente puede ser la diferencia entre recuperar un empleo o verse desahuciado por no poder pagar la hipoteca. La crisis económica coloca a muchos ciudadanos en el alero y convierte los plazos de un proceso judicial en algo más que una cuestión de tiempo.

Almería no es ajena al conflicto. Los tribunales de la provincia fijan estos días juicios con fecha de 2014, dos años de dilación sólo para cuadrar un asunto en la agenda de señalamientos y empezar a deliberar sobre el caso. El malestar de los usuarios, entre ellos abogados y procuradores como representantes de los ciudadanos ante los tribunales, es palpable.

“La sobrecarga de los juzgados supone que se estén señalando juicios con una distancia en el tiempo que pasa de los razonable”, explica José Pascual Pozo, decano del Colegio de Abogados de Almería. “En lo Contencioso Administrativo se están fijando para 2014 y, por citar un ejemplo, esta semana me han señalado una audiencia previa para octubre de 2012”, añade.

Aunque enérgicamente rechazada por todos los sectores de la Administración de Justicia, lo cierto es que la dilación se ha enquistado en unos tribunales resignados. De hecho, la Junta de Andalucía puso en funcionamiento en 2009 un programa para agilizar el trabajo, dentro de sus competencias en el sector, y lo llamó Plan de Respuesta Razonable. El objetivo era acortar tiempos hasta niveles ‘soportables’ para el ciudadano.

Las jurisdicciones más renqueantes son, en términos generales, las encargadas de asuntos mercantiles y laborales, muy golpeadas por los efectos de la crisis económica como ponen de manifiesto trimestralmente los informes sectoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desahucios, embargos, despidos, concursos de acreedores, reclamaciones de cantidad y litigios con las distintas Administraciones han crecido sustancialmente en los últimos tres años y anclan el progreso en la capacidad procesal.

No obstante, todas las jurisdicciones tienen su propia lista de dolencias. “Actualmente se están señalando juicios penales para finales de 2012”, lamenta Rosalía Espinosa, parlamentaria autonómica del PP, tras una entrevista con el juez decano de Almería, Luis Columna. “La saturación judicial se está convirtiendo en un problema eterno y de difícil solución”, apostilla la diputada popular. Rosalía Espinosa explica que este año que va a finalizar han dictado los órganos penales “una media de 600 sentencias cada uno cuando lo recomendable es que no se sobrepasen las 450 al año”.

Según los últimos estudios anuales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los juzgados de lo Social en Almería tardan una media de 12 meses en resolver un asunto, mientras los Contencioso-Administrativos superan los dos años. Entre ellos, el Mercantil se queda en 18 meses.

Problemas y soluciones

Para paliar esta lentitud hay un amplio abanico de propuestas que van desde la reforma de la planta judicial, muy compleja en la práctica, hasta la incorporación de nuevos modelos de trabajo en los juzgados. Los partidos políticos, los sindicatos y el conjunto de operadores jurídicos han presentado opciones muy diversas, a menudo con puntos de vista enfrentados. Sin embargo, casi todos coinciden en la necesidad de reducir la litigiosidad, es decir, los asuntos que llegan a los tribunales.

La Junta de Andalucía ha dado un paso al frente con un ambicioso plan de mediación y arbitraje (en fase de desarrollo), que incluiría a los Juzgados de Paz. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha la llamada Ley de Agilización Procesal. Por su parte, los jueces, según expuso la semana pasada Luis Columna, presentan propuestas para frenar el uso irresponsable de los juzgados como imponer pequeñas “tasas pedagógicas y disuasorias” para los usuarios.a>