Los recortes dejan sin ayudas a más de 3.700 dependientes almerienses

En el puzle del gasto público y el control del déficit, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un paquete de medidas que incluían la congelación del salario mínimo interprofesional, la subida del IBI y del IRPF y una polémica solución para la inversión en la Ley de Dependencia, retrasar un año las ayudas a quienes sufren un grado medio.
La medida supone que, según datos facilitados por la delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Adela Segura, más de 3.700 dependientes moderados de la provincia de Almería se queden sin la ayuda. Se trata de ciudadanos que ya están diagnosticados y que, aunque todavía no han recibido ninguna aportación, esperaban sumarse a la lista de beneficiarios a principios de 2012.
¿Por qué? La respuesta hay que buscarla en el desarrollo de la Ley de Dependencia y en la clasificación de sus usuarios. Aunque la norma es estatal se financia conjuntamente con las comunidades autónomas. Desde el año 2006 se ha producido un paulatino desarrollo de su aplicación, desde las personas con mayores necesidades hasta los que tienen condiciones de dependencias menos severas. En 2012 tocaba ampliar la protección a los clasificados en el grado 1 nivel 2, es decir, dependencia media, justamente la aplazada por el nuevo gobierno del PP.