José Antonio Arcos
07:00 • 17 ene. 2012
En unas dos semanas, no más, se conocerá finalmente qué ocurre con el Grupo TPM (Plastimer, Macresur y Torres Film). Así se cerrará una larga espera, que afecta a unas 240 familias de trabajadores de estos centros de producción de plásticos para la agricultura.
El 1 de febrero todos los trabajadores tienen que reincorporarse a la empresa, ya que es el plazo en el que finaliza el actual expediente de regulación de empleo, ERE, de carácter temporal, que se inició en agosto por un período de tres meses, prorrogado por otros tres meses más hasta la fecha que ahora expira. Sin embargo, ya no habrá más ERES, como han explicado a este periódico fuentes del sindicato mayoritario en la compañía, UGT. De hecho, es imprescindible el consentimiento de los representantes de los trabajadores (sindicatos) para la renovación del ERE, pero como han anunciado su rechazo, ya no se podrá mantener en suspenso el futuro de esta compañía y de sus trabajadores.
“Más ERES no habrá a partir del 1 de febrero porque la situación es insostenible y son miles de euros perdidos al día lo que supone mantener cerradas estas fábricas”, expresa Miguel Ángel Lozano, presidente del comité de empresa de Macresur, ubicada en El Viso. Y añade: “O se resuelve en las próximas dos semanas y eso quiere decir que se presentan al nuevo inversor o se liquidará la empresa, ya no hay ni más opciones ni más tiempo de espera”.
Este lunes por la mañana hubo una asamblea de trabajadores en Macresur. Algunos de los asistentes indican a LA VOZ que “el problema es que hay mucha desinformación, y tememos incorporarnos y estar de brazos cruzados; los socios dicen que está todo arreglado con un inversor, pero no presentan papeles y no sabemos qué va a pasar”.
Esta última idea comparte Edo Rodríguez, presidente del comité de empresa del centro Plastimer: “La dirección nos ha dicho que no hay nada firmado, que siguen en negociaciones y que están avanzadas, incluso nos han dicho que puede haber un preacuerdo, pero no nos han dado nombres ni detalles”.
La llegada de dicho inversor supondría el espaldarazo necesario para que la compañía reiniciase su actividad, interrumpida desde abril pasado. Se trataría de un inversor ‘salvavidas’, ya que aportaría liquidez para comprar materiales y responder así a los pedidos. La falta de liquidez estaría detrás de la paralización de la actividad del grupo.
A las seis de esta tarde hay convocada una asamblea de trabajadores en Plastimer para analizar el incierto panorama que se abre.
Liquidación
La deseada llegada de inversores no se ha convertido aún en un hecho real. Así que, descartada la prórroga del ERE (los trabajadores consumirían paro si continuase en febrero la suspensión temporal de empleo, los sindicatos se niegan) y no garantizado el desembarco de nuevo capital, la última opción (y no por ello la menos posible) sería la liquidación de la empresa. En este caso y en el contexto del concurso de acreedores en el que se encontraba la compañía desde hace unos años, “la
empresa si se liquida, pasaría a encontrarse a cargo del juez; éste nombraría administradores judiciales y una vez que éstos hubiesen puesto en orden la administración de la empresa, se procedería a su subasta”, describe Miguel Ángel Lozano, “y se pagaría, por este orden, a la Seguridad Social, a Hacienda, a los trabajadores y, por último, a los acreedores”.
El 1 de febrero todos los trabajadores tienen que reincorporarse a la empresa, ya que es el plazo en el que finaliza el actual expediente de regulación de empleo, ERE, de carácter temporal, que se inició en agosto por un período de tres meses, prorrogado por otros tres meses más hasta la fecha que ahora expira. Sin embargo, ya no habrá más ERES, como han explicado a este periódico fuentes del sindicato mayoritario en la compañía, UGT. De hecho, es imprescindible el consentimiento de los representantes de los trabajadores (sindicatos) para la renovación del ERE, pero como han anunciado su rechazo, ya no se podrá mantener en suspenso el futuro de esta compañía y de sus trabajadores.
“Más ERES no habrá a partir del 1 de febrero porque la situación es insostenible y son miles de euros perdidos al día lo que supone mantener cerradas estas fábricas”, expresa Miguel Ángel Lozano, presidente del comité de empresa de Macresur, ubicada en El Viso. Y añade: “O se resuelve en las próximas dos semanas y eso quiere decir que se presentan al nuevo inversor o se liquidará la empresa, ya no hay ni más opciones ni más tiempo de espera”.
Este lunes por la mañana hubo una asamblea de trabajadores en Macresur. Algunos de los asistentes indican a LA VOZ que “el problema es que hay mucha desinformación, y tememos incorporarnos y estar de brazos cruzados; los socios dicen que está todo arreglado con un inversor, pero no presentan papeles y no sabemos qué va a pasar”.
Esta última idea comparte Edo Rodríguez, presidente del comité de empresa del centro Plastimer: “La dirección nos ha dicho que no hay nada firmado, que siguen en negociaciones y que están avanzadas, incluso nos han dicho que puede haber un preacuerdo, pero no nos han dado nombres ni detalles”.
La llegada de dicho inversor supondría el espaldarazo necesario para que la compañía reiniciase su actividad, interrumpida desde abril pasado. Se trataría de un inversor ‘salvavidas’, ya que aportaría liquidez para comprar materiales y responder así a los pedidos. La falta de liquidez estaría detrás de la paralización de la actividad del grupo.
A las seis de esta tarde hay convocada una asamblea de trabajadores en Plastimer para analizar el incierto panorama que se abre.
Liquidación
La deseada llegada de inversores no se ha convertido aún en un hecho real. Así que, descartada la prórroga del ERE (los trabajadores consumirían paro si continuase en febrero la suspensión temporal de empleo, los sindicatos se niegan) y no garantizado el desembarco de nuevo capital, la última opción (y no por ello la menos posible) sería la liquidación de la empresa. En este caso y en el contexto del concurso de acreedores en el que se encontraba la compañía desde hace unos años, “la
empresa si se liquida, pasaría a encontrarse a cargo del juez; éste nombraría administradores judiciales y una vez que éstos hubiesen puesto en orden la administración de la empresa, se procedería a su subasta”, describe Miguel Ángel Lozano, “y se pagaría, por este orden, a la Seguridad Social, a Hacienda, a los trabajadores y, por último, a los acreedores”.
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