Las casas que arrebataron cientos de vidas en Almería

Si lee con atención entre las páginas de este mismo periódico (o bien entre las noticias de su web) encontrará un titular que puede pasar por uno más. “La justicia paraliza la demolición de una vivienda alegal, dictada en 2003”.

Hagamos cuentas. Han pasado dieciocho años desde que un juzgado sentenció una casa construida fuera de ordenación bajo el paraguas del ‘boom’ inmobiliario en esta provincia y sobre todo en el Almanzora. Casi dos décadas que no han transcurrido sin más, pese a que la frialdad de un titular sobre una sentencia nos pueda llevar a pensarlo así. Son dieciocho años en los que una familia que invirtió buena parte de sus ahorros (si no todos) en un paraíso soñado se topó con la peor pesadilla de sus vidas. Detrás todas y cada una de las miles de viviendas alegales que comenzaron a proliferar hace dos décadas hay nombres y apellidos. 

Drama humano
Vidas envueltas en drama que solo diferencia entre aquellos a los que una guillotina con aspecto de máquina retroexcavadora ya ha decapitado (por suerte los que menos) y los que aún esperan que algún día caiga la guillotina, que si me apura, es aún peor. ¿Recuerda el pinchazo en el estómago los días u horas previas a un examen? Imagine si lo que está en juego no es una prueba académica sino la casa en la que ha invertido todo su dinero y en la que ha depositado su proyecto de vida futura.

Son nombres y apellidos.

Como los del septuagenario matrimonio Smith cuando en 2015 contó a este periódico cómo pasó de “tenerlo todo” a no tener “nada” tras decidir convivir entre nosotros, concretamente en la Rambla de Oria. 

Sin bienes básicos
Durante diez años, un generador de gasolina fue la única fuente de energía de este matrimonio en una zona donde las temperaturas pueden bajar de los cero grados en las noches de invierno. Los 300 euros mensuales que les suponía de coste hacía que los dos jubilados esperasen ansiosos cada día la llegada de las seis de la tarde para poder encenderlo. Ríase usted (perdone la hipérbole) de las nuevas tarifas energéticas.

Por supuesto, su salud empeoró gravemente desde que se vieron envueltos de la noche a la mañana en un proceso judicial. Ese empeoramiento no fue exclusivo de Gerald y Doreen Smith. “No vamos a dejar que el problema con nuestra vivienda nos mate”. Hasta ese extremo llegó la situación de miles de vecinos. Hasta conformarse con sobrevivir. Esas palabras fueron pronunciadas por otro matrimonio de origen británico, el de los Payne.

Cuando el 25 de diciembre de 2009, Día de Navidad, Noel y Christine Payne (de 76 y 73 años en aquel entonces) abrieron la puerta, lo que les esperaba al otro lado del marco era muy diferente a los regalos y villancicos que se cantaban en las casas cercanas del paraje de Los Guillenes, en Albox. Un policía les comunicó la noticia. Su casa era ilegal y se encontraba en un proceso judicial que podía terminar en demolición.

El reportaje fue elaborado en 2018, diez años después de recibir aquella noticia. Diez años de lucha judicial incesante para mantener en pie su casa pese a tener incluso licencia. Durante aquellos años, la Junta pasó de tener una actitud casi beligerante con estas viviendas a elaborar años (y derribos) después una normativa para regularizar un buen puñado de ellas.

Ahora, el actual Gobierno andaluz iba a dar otro paso adelante con la nueva ley urbanística ‘Lista’, que agilizaría aún más la regularización de las casas pero que la oposición ha tumbado junto a los votos de Vox por otras cuestiones presentes en la ley.

Aliados
Uno de los argumentos aportados por el juez para suspender la demolición en el caso del primer titular de este artículo ha sido la prescripción del delito. Lo cierto es que tan sólo el tiempo se ha disculpado con los miles de compradores de buena fe que quisieron vivir aquí e incluso salvar de una despoblación aún más precipitada a ciertos pueblos. Precisamente los ayuntamientos, una vez más la administración más cercana al ciudadano, fueron de los pocos que lucharon junto a sus vecinos afectados en esta odisea, además de asociaciones como AUAN.

Siento que la provincia, si no la comunidad autónoma en su conjunto, debe una disculpa a esos miles de afectados pese a que para muchos es demasiado tarde. Murieron pasando sus últimos días al frente de un tortuoso periplo judicial que no quisieron ni buscaron.