Un juez examina el parking de la Cala San Pedro y estudia medidas

La Cala San Pedro, una de las grandes joyas del parque natural Cabo de Gata-Níjar, se ha convertido en un cóctel explosivo entre las demandas ecologistas, la protección pública de la zona y los intereses de Daniel Navarro, propietario de las 200 hectáreas que la circundan. La primera batalla se libra en la misma playa, que continúa tomada por grupos ‘hippies’ en casetas que acumulan desechos; la segunda, en los dificilísimos accesos.
Una comisión judicial encabezada por el magistrado Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, y miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) visitó ayer la explanada de aparcamientos habilitada en los aledaños de la cala. El objetivo era examinar in situ los cambios realizados en el paraje el pasado verano, el hipotético impacto ambiental.
La preparación de este terraplén, en suelo protegido y privado a la vez, motivó una denuncia de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la asociación ecologista Amigos del Parque contra el propietario. Además, abrió un conflicto por el cobro de siete euros por aparcar (la posibilidad de dejar el vehículo tan cerca de la cala, muy escarpada, animaba a los turistas a acudir con mayor frecuencia).