“El último cartucho” de Loreto: un indulto para que no tiren su casa

Loreto paga religiosamente la contribución de su casa. También hace lo propio con la luz, el agua y la recogida de basuras. Como cualquier vecino de Pechina. Sin embargo, su casa es ilegal y está a punto de ser derribada por orden de la justicia. A menos que un milagro lo evite. 

Y el milagro tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez y su consejo de ministros son los únicos capaces de evitar que la casa de Loreto termine siendo una ruina en mitad del Camino de Espinaza. Todo, si el indulto que va a solicitar es visto con buenos ojos por el Gobierno.

“Es la única esperanza que me queda. No hay nada más que hacer”, explica la propia Loreto Fernández en declaraciones a este periódico, sin evitar que se le quiebre la voz.

Su propio abogado, Alfredo Najas de la Cruz, se muestra tajante: “Es el último cartucho. La última posibilidad”.

Pero, ¿cómo ha terminado una almeriense pidiendo un indulto a Pedro Sánchez?

Vivienda ilegal

Tal y como cuenta Loreto Fernández, que tiene una discapacidad psíquica del 38%, todo empezó en 2008. “Tenía un terreno y me hice mi casa. Nadie me paró la obra”, rememora. Lo hizo allanando unos cien metros cuadrados y levantando una vivienda de planta baja en una zona en la que, a decir verdad, hay una treintena de hogares como el suyo: casas construidas en suelo no urbanizable y, por lo tanto, ilegales en el momento de su construcción.

De hecho, la propia Fernández recuerda que un antiguo alcalde de la localidad tuvo también su casa allí, a orillas del cauce del Andarax. Pero a ella le tocó: “Cuando terminé de hacer la casa vinieron unos señores de la Junta de Andalucía y precintaron la casa. Volví a entrar en mi casa y desde 2009 denuncias y más denuncias”.

Tras la visita de los agentes de Medio Ambiente, efectivamente, empezó un calvario judicial en el que, una vez más, a Loreto Fernández le ha tocado vivir en primera persona la mala suerte: en un primer momento, fue absuelta por el juzgado de Lo Penal número 4 de Almería. Sin embargo, recurrida la sentencia, la Audiencia Provincial condenó a Fernández a dos años de prisión, una multa de 6.000 euros y la demolición de su hogar.

Loreto no puso un pie en la cárcel, ya que no tenía antecedentes. La multa la pagó. Con esfuerzo y a plazos, pero la pagó. “Yo ganaba 900 euros y tenia que vivir, pagar luz, agua... Y aparte, la multa”, recuerda.

Así las cosas, solo queda la tercera pata de la condena: la demolición de una casa que es su única solución para vivir. Y, para añadir aún más problemas, Fernández (que tiene 66 años) se jubila en solo un mes. A partir de ese momento, cobrará 450 euros de pensión con los que, asegura, no podrá tener un sitio en el que vivir.

“Me han dicho que vaya a Asuntos Sociales, pero allí ya fui a pedir un alquiler pensando que a lo mejor me tiraban la casa y fui hace cinco años. No me han contestado. Me tendré que ir debajo de un puente”, se lamenta.

Ahora, Pechina (con su alcalde, Juan Manuel López, a la cabeza) recoge firmas para pedir al Gobierno de España un indulto que es, ahora mismo, la única esperanza para que Loreto tenga un lugar en el que vivir.