Antonio Fernández
01:00 • 10 feb. 2012
Un nutrido grupo de funcionarios de la Junta de Andalucía han salido a la calle para protestar por ‘falta de trabajo’. Una paradoja que se explica con la denuncia que los sindicatos de funcionarios, el SAFJA (Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía) y el CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios), han realizado de que los trabajos que realizaban los funcionarios están siendo derivados hacia los que proceden de empresas y agencias públicas.
De esta forma, los funcionarios se quejan de haber perdido competencias y potestades administrativas hasta el punto de que, en muchos casos, simplemente no tienen tareas encomendadas para buena parte de su jornada laboral. De forma jocosa algunos dicen que han de llevarse libros para leer o apuntes para estudiar.
Delegación de Igualdad
Ayer se concentraban a las puertas de la Delegación de Igualdad, una de las que, según las denuncias, está viéndose más afectada por esa política que se aplica desde hace algunas semanas por parte de la Junta andaluza.
El SAFJA, que ya mantuvo una reunión con la delegada de Igualdad, sostiene que la Delegación, “sin consultar con los representantes legales y democráticamente elegidos, ha dispuesto unilateralmente la retirada de funciones y cometidos de los funcionarios en servicios como Conciertos o Dependencia, encomendándolos al personal contratado laboral procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, en proceso de integración en la citada Agencia.
Algunos funcionarios de esa delegación han explicado que la decisión se comunicó el pasado tres de enero, cuando numerosos funcionarios estaban de vacaciones y al regresar encontraron sus mesas vacías porque se habían llevado los expedientes en los que estaban trabajando.
Desde la Administración andaluza reconocen que este tipo de medidas responde a la aplicación del Decreto de Reordenación del sector público andaluz. Una explicación que no convence a los sindicatos de funcionarios que aseguran que un juzgado sevillano ya decidió la paralización de la integración del personal de empresas, agencias y fundaciones públicas en las plantillas de la propia Junta de Andalucía, al entender que no se equipara ese ingreso con el del funcionario que ha debido superar pruebas y oposiciones para alcanzar su estatus.
Las quejas de CSIF y SAFJA se basan en que los empleados de esas empresas públicas están asumiendo las funciones de los propios funcionarios que, en consecuencia, pierden sus funciones, lo que en última instancia se considera una amenaza de cara al futuro de sus puestos de trabajo. La protesta de ayer sólo es una más en esta guerra de funcionarios.
La Justicia, en entredicho
Para Herminia Martínez, presidenta del Sector de Administración del CSIF en la Junta, la medida hace que los funcionarios “se sientan indefensos cuando es la propia Administración la que se salta los autos que ha dictaminado la Justicia”, y denuncia que los funcionarios “ven como pierden sus competencias directas frente a los empleados de las agencias, los cuales no han pasado por los mismos procesos de selección”.
Desde el SAFJA la protesta es similar, al entender que el trabajo desarrollado por personal ajeno a la administración debe ser ejercido únicamente por los funcionarios públicos, y no por el personal laboral fijo o contratado a tiempo parcial.
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