Crimen de Ossetia: la acusación pide penas de hasta 57 años de prisión

El 10 de mayo de 2019, un pequeña furgoneta gris irrumpió en las calles de Benahadux a toda velocidad. El conductor cruzó la nacional 340a con un disparo en el glúteo y estacionó a las puertas del centro de salud mientras intentaba mantener con vida a su hermano, cubierto de sangre y sin conocimiento en el asiento del copiloto.

La intervención de los médicos no pudo evitar que Juan J. C. F. de 58 años de edad muriera aquella tarde, tiroteado a bocajarro y desangrado. El crimen se escribió solo unos minutos antes en el barrio de Ossetia del Norte, en la vecina localidad de Gádor.

Dos años y medio después del suceso, el proceso encara los últimos pasos antes de la celebración del juicio oral en la Audiencia Provincial de Almería. La acusación particular solicita penas de entre 57 años y 4 años y 6 meses de prisión para los siete acusados en el proceso por asesinato.

La acusación de la familia, ejercida por el letrado Mariano Garfias (Alabarce Abogados), imputa el crimen a “profundas enemistades como consecuencia de la negativa de las víctimas a venderles una vivienda”, según consta en el escrito consultado por LA VOZ DE ALMERÍA. Esta versión alude directamente a la información recopilada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil tras el tiroteo y que, como adelantó este periódico, vinculaba la agresión a un intento de los acusados por apropiarse de un vivienda para cultivar marihuana. El inmueble de la víctima quedaría presuntamente intercalado entre plantaciones.

Una conversación telefónica entre dos investigados captada por la Guardia Civil durante la mañana del 20 de mayo reveló los presuntos planes para asesinar a Juan J. C. F. porque “no se quería ir” de la casa. En la escucha, una mujer lamenta la ‘falta de previsión’. El fragmento aparece reflejado en las diligencias de la UOPJ.

“Si querían quitarlo de en medio, teníamos que haber pagado a un sicario, 2.000 ó 3.000 euros cada uno, lo que valga, como si vale 12.000 euros”, afirmó. “Se paga entre todos, lo quitan de en medio y lo entierran por ahí (...) estarían en su casa, no tendrían nada que ver y ahora busca quién ha sido”, añade. El diálogo revela la conexión con el cultivo de marihuana. “Hubieran terminado de sacar la cosecha (marihuana) y puesto cada uno 2.000 ó 3.000 euros”.

Plantaciones

La acusación particular hace suya esta versión e imputa a los acusados presuntos delitos de asesinato consumado, dos tentativas de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. “Los acusados se venían dedicando al cultivo y tráfico de drogas en unas viviendas ubicadas en Gádor. Eran vecinos de Juan J. C. F. (el fallecido).

Según el mismo escrito, los acusados I. F., R. F. y A. F. tomaron armas que “habían comprado dos días antes en Alhama de Almería” y atacaron a Juan J. C. F., que estaba “sentado en el portal de su casa” y “sin posibilidad de defensa”. Luego, siempre según esta versión, dispararon en el glúteo a un hermano del fallecido que acudió a socorrerle y que se escondió en la esquina de una vivienda. Y finalmente, dispararon a otro hermano en un coche.

El relato de la acusación particular esboza las líneas esenciales de los informes de la UOPJ de la Guardia Civil sobre el suceso, cuyo contenido adelantó LA VOZ en junio y julio de 2019. La defensa deberá presentar ahora su informe una vez examinadas las imputaciones, que incluyen acusaciones contra dos mujeres por tenencia ilícita de armas.

El juicio oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Almería, a la espera de señalamiento de una fecha en el calendario de sesiones. El Instituto Armado registró los inmuebles  en las horas posteriores al tiroteo y descubrió 659 plantas de cannabis distribuidas en las habitaciones (un cuarto registro en la misma calle resultó negativo). El móvil de la agresión estaría en los cultivos caseros, según la investigación.

La Guardia Civil no tiene dudas de las motivaciones. “Dejan clara la intención previa que tenía la familia de acabar con la vida de Juan J. C. F. (...) ellos querían que abandonara su vivienda”, concluyen los investigadores. Sin embargo, será el tribunal el encargado de impartir justicia y determinar responsabilidades.