El sector impugnará el acuerdo ante los tribunales de justicia europeos

El PSOE de Almería recibió ayer por la mañana, en su sede provincial, a representantes de COAG, ASAJA y UPA, las tres organizaciones con mayor representación en el sector agrícola de la provincia. El objetivo del encuentro no era otro que analizar y valorar el acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea aprobado el jueves en el Parlamento de Bruselas; y sus consecuencias para la agricultura intensiva almeriense y la economía provincial. También se pusieron encima de la mesa las acciones, propuestas y medidas que se han de poner en marcha a corto y medio plazo para mitigar los efectos negativos que tendrá este acuerdo comercial. En el terreno de la valoración del acuerdo, Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería, ha sido el más duro en sus palabras al afirmar que los parlamentarios europeos “se han olvidado de la dictadura que hay en Marruecos, donde los derechos de los trabajadores sencillamente no existen. Han sido unos cínicos, cretinos y burócratas que sólo piensan en sus intereses personales y sus bolsillos; sobre todo después de ver algunos abrazos dados en el Parlamento”. Además de catalogar de desastre el acuerdo para los intereses de Almería, organizaciones agrarias y PSOE han coincidido en que puede ser impugnado ante la justicia de ámbito europeo porque Marruecos no respeta los derechos laborales de los trabajadores y, en consecuencia, no puede ser considerado como otros países terceros con los que la Unión Europea mantiene acuerdos de diverso tipo. La pelota en el tejado En cuanto a lo que hay que hacer ahora, Andrés Góngora hace un llamamiento al Gobierno Central porque “la pelota está ahora en su tejado, ya que es el turno del consejo de ministros de agricultura y ahí España ha de ser duro y exigente. Igual que espero que el ministro Cañete nos convoque a las organizaciones agrarias de manera inmediata”. Por su parte, Paqui Iglesias, secretaria general de UPA en Almería, incide en que los agricultores deben beneficiarse de “una reducción en las tarifas eléctricas, una reducción en el canon del agua, que el gasóleo agrícola que se usa en la maquinaria agrícola pueda se utilizado para el transporte de las mercancías, y una reducción en las cuotas de la Seguridad Social porque también somos empresarios y en los módulos de Hacienda. Además, en UPA tenemos claro que tenemos que aumentar la productividad de nuestras explotaciones para ser competitivos. Si ahora la media de nuestros invernaderos es de 8 kilos por metro cuadrado, hemos de llegar a los 14 kilos por metro cuadrado. Y para eso debemos mejorar nuestras infraestructuras, para lo que necesitamos ayuda financiera”. Para Adoración Blánquez, de ASAJA, es necesaria “una ley que regule los precios de la cadena alimentaria, de forma que se controle cómo evoluciona el precio que recibe el agricultor hasta el que paga el consumidor”.