A juicio el exalcalde de Carboneras, quien enfrenta ocho años de inhabilitación

El Juzgado de lo Penal 1 de Almería acoge el 7 de febrero la vista oral contra el exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, para quien la Fiscalía pide pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Le acusa de adjudicar presuntamente de manera "directa" y haciendo "prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales" una obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo por importe de casi medio millón de euros.

Fernández, exregidor socialista, se enfrenta a un supuesto delito de prevaricación aunque la acusación particular que ejerce el también exalcalde carbonero Salvador Hernández (Gicar) añade un presunto delito de malversación de caudales públicos que, en este caso, no estima el Ministerio Público. La vista oral se ha señalado para el día 7 de febrero, a las 09,30 horas ante el Juzgado de lo Penal 1 de Almería, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El escrito de calificación provisional indica que el exregidor carbonero, con "conocimiento de que actuaba en contra del ordenamiento jurídico", habría adjudicado de "forma directa, sin seguir procedimiento administrativo alguno" la obra bajo sospecha mediante una resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2008 por un importe de 492.182 euros.

Lo hizo, según el fiscal, "bajo el presupuesto de que la obra sería ejecutada" con los "medios propios del Ayuntamiento", pero "en realidad" fue "subcontratada, suministrada y ejecutada por las mercantiles Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Garrido SL".

La primera habría girado facturas correspondientes a suministros y habría percibido pagos por un montante de 360.937,23 euros, mientras que la segunda ejecutó materialmente la obra y habría cobrado facturas por importe de 134.982 euros, de acuerdo al desglose que hace el Ministerio Público.

En ambos casos las cuantías "fueron satisfechas con cargo" al presupuesto municipal, "sin que mediase ningún tipo de expediente de contratación", según reprocha el Ministerio Público, que, en esta línea, remarca que Fernández habría hecho "prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados".

"Favoreció con la adjudicación de la obra a estas dos mercantiles, que obtuvieron importantes beneficios como consecuencia de ello", concluye el escrito. La obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio supuso que el Ayuntamiento recibiese una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar. En concreto, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el "incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención" e inició expediente de reintegro.

En su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta andaluza destacaba "un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención".