Vecinos de Huércal descubren que sus casas llevan cuatro años en subasta

Los inquilinos de las veinticinco viviendas del Mirador del Mediterráneo, situadas en la calle Heri La Fontaine de Huércal de Almería, se han mostrado sorprendidos después de conocer que sus viviendas se encuentran en un proceso de subasta desde el año 2018.

Las deudas contraídas por el promotor ha provocado un procedimiento de embargo que ha sembrado la preocupación entre las familias que residen desde hace años en la zona bajo un régimen de alquiler que en la actualidad se mantiene en vigor.

Sobre seis de las veinticinco viviendas ya ha habido una puja en la correspondiente subasta, aunque en la actualidad existen tres procedimientos judiciales a diferentes ritmos. El primero de ellos por seis viviendas, otro por cuatro viviendas y un tercero por las quince viviendas restantes. Lo que ha contribuido a que las primeras viviendas hayan sido subastadas por el Banco Malo sin haber sido notificadas a las familias que residen en ellas. Solo dos de las viviendas habrían sido pujadas por un postor que, según sospechas de los vecinos, habría sido un fondo buitre.

Tras conocer estos hechos, los vecinos de Huércal de Almería han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras verse vulnerados sus derechos. Hay que señalar que la mayoría de ellos conviven con hijos menores o personas de avanzada edad. A lo que también hay que sumarle que sobre los inmuebles se han ejercido labores de adecuación como pintura, adquisición de muebles e instalación de servicios que han corrido bajo el presupuesto doméstico.

Recurso de amparo

Dado que se prevé que el proceso judicial se alargue en el tiempo, tras ser preguntado por LA VOZ, el letrado que ejerce la defensas de las familias afectadas ha instado que “de mutuo propio el Banco Malo acuerde la suspensión de todos los procedimientos judiciales hasta que se resuelva los recursos del Tribunal Constitucional”, quién además ha señalado que “el único que debe indicar a los vecinos si deben salir de sus casas o no será el juzgado”, ha señalado el abogado después de que algunos vecinos hayan recibido amenazas por parte de un presunto nuevo propietario quién, incluso, han dado un plazo de 10 días a los vecinos para abandonar las viviendas.

Los vecinos, que se muestran pendientes del fallo que dictamine el Tribunal Constitucional en los próximos meses, esperan que el proceso sea declarado nulo y no tenga validez. Ellos se muestran esperanzados porque actualmente la propiedad de los inmuebles sigue siendo de la Inmobiliaria Alquimar y el contrato de arrendamiento está rubricado con este agente, por lo que la salida de sus viviendas no se contempla, según señala la defensa.