Manuel Leon
22:50 • 22 feb. 2012
Hoy podría llegar un balón de oxígeno para las empresas de la provincia que son acreedoras de ayuntamientos y Junta de Andalucía, la mayoría vinculadas a trabajos de construcción e infraestructuras.
El Gobierno estudiará, en la Comisión de Asuntos Económicos que se reúne hoy, una macrooperación financiera por valor de 30.000 millones para dejar el contador de la morosidad pública.
A las dos líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya anunciadas, se añade la colaboración de los bancos para adelantar estas cantidades a cuenta y poder sanear las cuentas de miles de empresas: solo en Almería representa una deuda agregada en torno a los 50 millones de euros, según la Asociación Provincial de Empresas Subcontratistas.
Los proveedores públicos, dentro de esta plan gubernamental, tendrán que dejarse algo en el camino si quieren cobrar de la administración: renunciar a los intereses de demora y asumir los costes de gestión del cobro de las facturas que ahora duermen el sueño de los justos.
Cuevas fue pionero
Es decir que tanto las pymes como las pequeñas empresas tendrán que asumir una especie de ‘quita a la griega’ si quieren cobrar y que vuelva el circulante a su cuenta de resultados.
Algo en lo un ayuntamiento almeriense, el de Cuevas del Almanzora, ya fue pionero cuando hace poco más de un año reunió a todos sus contratistas para pagarles y evitar un estrangulamiento financiero de sus balances, eso sí, con una quita del 10% que casi todos asumieron.
Si prospera la iniciativa de hoy del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mañana podría trasladarse el acuerdo al Consejo de Ministros y en unas semanas estar en disposición de empezar a liquidarse pagos pendientes.
Entre las entidades que podrían participar en esta macrooperación crediticia están el BBVA, Santander, Bankia, La Caixa y Unicaja, entre otros.
Los bancos harán un buen negocio con la operación puesto que el Gobierno les garantiza que cobrarán el dinero que adelanten a los proveedores y, además, cobrarán una atractiva comisión que aún se está negociando.
El presidente de la Asociación provincial de empresas contratistas, José Luis Muñoz, valoró ayer la medida expresando que “es una buena medida porque si no se hace algo pronto, en la provincia pueden irse a pique muchas empresas, ya es hora de que se tomen cartas en el asunto, aunque sea con una pérdida de los intereses”.
Desde la Asociación de los Subcontratistas, uno de sus integrantes, Diego, Valero, señaló “veo bien esta medida porque algunas empresas que son clientes nuestras nos están retrasando pagos porque a su vez la Junta no les paga a ellos”.
Bloqueo a cuenta
Los bancos cuentan con el aval del Estado en la operación que puede bloquear las entregas anuales a cuenta a las comunidades si no devuelven el préstamo.
El alarmante endeudamiento de la morosidad pública en esta crisis ha disparado todas las alarmas puesto que no se cumple el plazo legal de 40 días para pago superando los 200 días.
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