Los inspectores detectaron a través de anuncios en Internet la
existencia de una actividad fraudulenta de venta e instalación de
casas prefabricadas con uso residencial permanente en un campamento
de turismo. Los anuncios estaban dirigidos a población extranjera
ofertándose mobile-homes como “oportunidad para invertir en el
extranjero en una casa de ensueño para residencia permanente o para
pasar temporadas”, según rezaba en la publicidad.
Consultada página
web del camping, se comprobó que la empresa propietaria
comercializaba las casas prefabricadas mediante el alquiler de una
parcela concreta dentro del camping, prestando servicios de agua,
electricidad, saneamiento y residuos, e incluso les ofrecía un
seguro del hogar. Se ofertaban mobile-homes de lujo, entre los 45.000
y 156.000 euros, que se vendían vinculadas a una parcela concreta,
cobrándose también el alquiler de la parcela y los servicios.
Además, la empresa se aseguraba la posibilidad de recompra de las
casas. Todo apuntaba, por tanto, a que bajo la apariencia de un
hipotético campamento turístico se estaban comercializando
viviendas permanentes.
Tras una visita al
camping, en coordinación con la Inspección de Turismo, se comprobó
la existencia de usos residenciales y se recabaron todos los
contratos, identificándose a toda la población extranjera afectada.
La actuación ha motivado la instrucción de dos expedientes
sancionadores por infracciones contra la ordenación del territorio,
uno por la publicidad y otro por la implantación de usos
residenciales no autorizados, así como un expediente de protección
de la legalidad territorial para la eliminación de los usos
residenciales por considerarse que estos inducen a la formación de
un asentamiento ilegal en suelo rústico. Todos los expedientes han
sido puestos de manifiesto tanto a la empresa propietaria del camping
como a los ciudadanos extranjeros identificados como propietarios de
las casas prefabricadas instaladas.
La empresa
propietaria del camping, tras las reuniones mantenidas entre su
representante legal y el equipo de la inspección autonómica, se ha
mostrado dispuesta a la restauración del daño causado, ha retirado
la publicidad ilícita, así como se ha mostrado su intención de
recomprar la mayoría de las casas prefabricadas, resarciendo a la
población extranjera afectada.
Asimismo, la empresa
ha dado cumplimento a las medidas de restauración de la legalidad
indicadas, eliminando los usos residenciales retirando 16 casas y
legalizando la otra parte (13) como instalaciones fijas de
alojamiento turístico con la oportuna autorización municipal previo
pago de las tasas correspondientes y del visto bueno de los
responsables de Turismo. Estas actuaciones de restablecimiento han
permitido reducir las sanciones inicialmente propuestas.
Como ya se ha puesto
de manifiesto en otras operaciones de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán
Carazo, en la presente legislatura el Gobierno andaluz está
reforzando e incrementando la labor inspectora para garantizar la
ejecución de la disciplina urbanística, evitando la proliferación
de edificaciones ilegales en el territorio en ejercicio de las
competencias directas de disciplina territorial atribuidas por la
nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía (Lista), que permite a la Junta de Andalucía ejercer sus
competencias de forma más eficaz.
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