El GEM pide a los políticos asumir responsabilidades en la Balsa del Sapo

Han pasado cuarenta años desde que las extracciones ilegales de tierras y áridos dieran origen a una enorme fosa, de más de veinte metros de profundidad, que ahora conocemos sobradamente por las continuas noticias sobre los riesgos de inundación que presenta en sus márgenes, conocida como la Balsa del Sapo, en territorio próximo a Las Norias de Daza, del municipio de El Ejido.

Como ocurre casi siempre después de que se consientan este tipo de agresiones al entorno físico de la provincia, el lucro obtenido por unos pocos avispados que de forma irregular generaron aquel gigantesco agujero, ha tenido que ser permanentemente corregido. Sin darle solución definitiva, a base de aportación de ingentes cantidades de dinero público, las cantidades ya suman cerca de diez millones de euros, alrededor de 1.500 millones de las antiguas pesetas. Hoy la Balsa del Sapo se ha convertido en un monumental problema al que se han ido sumando insensateces por parte de administraciones y particulares hasta convertirlo en un grave problema para los habitantes de la zona, para las explotaciones agrícolas, para las viviendas ubicadas en su entorno o para las empresas que se han asentado en la zona. Ante tal cúmulo de problemas y de actuaciones fuera de control y de la lógica, se acumulan proyectos y promesas incumplidas, actuaciones parciales que solo han supuesto parches para un problema que es ya una amenaza cierta para miles de familias. Tras gastar grandes sumas de dinero público, ahora se plantea dar un tratamiento definitivo al problema pero, como ocurre con frecuencia, las mejores soluciones no parecen ser las elegidas.

Se habla de desaguar a través de las ramblas próximas el agua al mar, olvidando que van a parar a la zona de la Playa de La Romanilla y que se trata de aguas contaminadas. Y se habla menos de lo que desde nuestra perspectiva sería la mejor solución al problema, solución que ya fue planteada, y aprobada, hace varios años: se trata de la construcción de una planta desalobradora en la Balsa del Sapo, una instalación cuyos costes de construcción y de explotación serían menores que los de una planta desaladora.

Mientras los políticos de los diferentes partidos se pelean y se achacan mutuamente la culpa de que la solución aún no haya llegado, un proyecto adecuado y viable, capaz de reducir entre dos y tres metros los actuales niveles de la balsa, ni siquiera está siendo contemplado, en un nuevo episodio de incompetencia que a estas alturas, décadas después de producirse el problema principal, resulta tan intolerable como absurdo. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que los problemas se conviertan en armas arrojadizas entre partidos políticos y/o administraciones sin que se lleguen a arbitrar las soluciones que parecen más lógicas y más convenientes.

Por todo ello, desde el Grupo Ecologista Mediterráneo pedimos sensatez a los responsables de las administraciones públicas. No nos importan los colores de los gobiernos de turno, nos importa que asuman de una vez por todas sus competencias y responsabilidades. Es el Gobierno central quien dispone del proyecto para la construcción de la desaladora y quien asumió el compromiso de llevarla a cabo. Lo importante ahora es que ese proyecto salga de los cajones del Ministerio correspondiente, se ejecute y solvente el problema de familias y empresas, y ponga coto a los desmanes ambientales que han llevado a la Balsa del Sapo a convertirse en un problema de seguridad y de salubridad para las poblaciones y para el medio ambiente.