Los ayuntamientos se preparan para una regularización masiva de casas

Desde este mes de marzo, el nuevo decreto de regularización de viviendas alegales aprobado por la Junta de Andalucía entra en vigor. Se calcula que en el Valle del Almanzora hay aproximadamente 12.000 construcciones ilegales de las cuales, alrededor de un 90% según la Administración andaluza, podrán beneficiarse del nuevo documento para normalizar su situación urbanística y, al menos, conseguir así el suministro de servicios básicos como la luz y el agua.

Ante la posible avalancha de solicitudes y trámites que tendrán que afrontar los ayuntamientos, principales encargados de la gestión para la regularización de las construcciones, los consistorios ya se están preparando para iniciar este proceso sin ser desbordados. Entre los municipios que más viviendas en situación ilegal albergan se encuentra Albox, donde la planificación para la aplicación del decreto ha tenido un tinte paradójico.

Albox y la ordenanza
Desde 2009 este Ayuntamiento se ha enfrentado en varias ocasiones a la Junta en los tribunales por otorgar varias licencias a este tipo de construcciones, permitiendo a sus habitantes conectarse a los servicios básicos. Ahora, con el decreto en la calle, la ordenanza que tres años atrás elaboró el Gobierno albojense para dar estas licencias vuelve a ser aplicable y precisamente, este es el camino en el que está trabajando de nuevo el Consistorio. El alcalde del municipio, José García, reconoce que desde el Ayuntamiento casi se han limitado a copiar la anterior ordenanza, con la excepción de que previamente se ha elaborado, al igual que el resto de consistorios de Andalucía, un avance “en el que se identifiquen las singularidades especiales dentro del término municipal y una ordenanza que regule la gestión de todos los trámites administrativos y urbanísticos necesarios”.

La intención del equipo de Gobierno albojense es la de enviar este informe una vez que la ordenanza sea aprobada en un pleno que se celebrará esta semana y a partir de ahí, esperar a recibir el visto bueno por parte de la Junta. Preguntado por la polémica que en su día conllevó la ordenanza que ahora será aplicada, el regidor celebra que gracias al trabajo realizado previamente, ahora el esfuerzo será menor.

“La documentación a presentar para solicitar los certificados de ocupación es prácticamente la misma ahora. Ha sido en cierto modo un trabajo rápido y ágil ya que contábamos con el instrumento que aprobamos a finales de 2009”, explica el alcalde albojense. En total, según las estimaciones del Ayuntamiento, alrededor de unas 2.500 casas ubicadas en su término municipal son susceptibles de regularizar su situación por medio del decreto.

Otro de los pueblos del Almanzora con cientos de construcciones ilegales en su municipio es Arboleas. Su alcalde, Cristobal García, asegura que el Ayuntamiento arboleano “ya había iniciado el proceso de regularización de mutuo acuerdo con la Delegación de Obras Públicas y Vivienda” por lo que, según el primer edil, el decreto “viene a seguir la iniciativa que nosotros hemos tomado”. García explica que el documento aprobado facilitará la llegada de los servicios básicos durante un año a las casas alegales mientras se tramita la documentación, por lo que cree que su política urbanística “va a encajar perfectamente en el procedimiento que establece el propio decreto”.

Algunas protestas
En las antípodas de lo defendido por estos alcaldes se encuentra la asociación de británicos afectados Abusos Urbanísticos Almanzora -No (AUAN). El 28 de febrero, adelantándose a la entrada en vigor del documento, parte de este colectivo se desplazó a Sevilla para protestar contra el mismo, afirmando que no hará más que aumentar la problemática en lugar de solucionarla. Desde algunos de los ayuntamientos afectados se pone en duda esta afirmación, argumentando que el margen de maniobra que tienen a partir de hoy las administraciones locales es muy amplio, por lo que valorar su efectividad antes de proceder a la regularización no tendría sentido.

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