Los doce jueces de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar han elevado una petición al Ministerio de Justicia para que apruebe elevar a categoría de magistrados a los integrantes de ambas plazas con el fin de evitar su constante movilidad y la inestabilidad que se viene sufriendo en estos partidos, lo que acaba influyendo de manera negativa en la calidad de la administración de justicia.
Los jueces afectados por esta circunstancia han hecho llegar un informe al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la Audiencia de Almería, a la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia de la Junta y a los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar en el que demuestran el "agravio comparativo" que sufren los dos partidos judiciales y cómo esta circunstancia puede llegar a provocar un colapso en esta materia.
En el funcionamiento de la Administración de Justicia está establecido que los jueces ascienden a la categoría de magistrado tras un plazo de tres años en la carrera judicial. Al no existir la categoría de magistrado en ninguno de los diferentes partidos judiciales de Almería, excepto la capital, los aspirantes se ven obligados a cambiar de destino o renunciar al ascenso. Sólo en El Ejido, desde el año 2019 han sido ya 15 los diferentes jueces que han pasado por sus seis órganos judiciales.
El informe suscrito por los doce jueces y los letrados de la Administración de Justicia de ambos partidos judiciales sostiene que esta petición está basada en datos concretos como "la elevada e inasumible carga de trabajo", la numerosa población o la tasa de litigiosidad existente en los dos municipios, parámetros superiores a otros partidos judiciales donde el Ministerio de Justicia sí ha decidido recientemente elevar de categoría a sus jueces.
Los jueces insisten en que "el ascenso de categoría de magistrado de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido no constituye, por tanto, "una decisión caprichosa", sino que "se trata de la única medida auténticamente eficaz para evitar el colapso de la Administración de Justicia en la zona del conocido como Poniente almeriense, caracterizada por su elevada litigiosidad, la complejidad de los asuntos penales tramitados y la deficiencia de medios materiales". En este sentido, "la estabilidad de los titulares de los órganos judiciales constituye el primer y necesario paso para dicha mejora, y ello pasa, irremediablemente, por evitar una fuga masiva y una movilidad
desproporcionada de jueces".
La petición formulada por los jueces ha sido avalada por la Sala de Gobierno del TSJA y la Comisión Permanente del CGPJ, así como por la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento de Andalucía, que aprobó una proposición no de ley en apoyo de la solicitud.
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